35 casos en entidades públicas durante 2025, mantenían funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes
Contraloría detecta 21 municipalidades con personas inhabilitadas trabajando con menores: revisa la lista completa
La Contraloría General de la República (CGR) identificó en 2025 un total de 35 casos de personas inhabilitadas absoluta o perpetuamente para trabajar con menores de edad, pero que mantenían funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes en diversas entidades públicas a lo largo de Chile. De estos casos, 21 corresponden específicamente a municipalidades distribuidas en diferentes regiones del país.
El hallazgo forma parte del 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), un informe publicado en el sitio web oficial de la Contraloría, que analiza el cumplimiento de normativas en instituciones públicas. Según el documento, entre 2020 y agosto de 2025 se registraron en total 164 casos similares en organismos estatales, lo que evidencia una problemática persistente en la verificación previa de antecedentes para cargos sensibles.
La normativa vigente, establecida en el artículo 6 del Decreto Ley N° 645, obliga a todas las instituciones públicas a solicitar información sobre posibles inhabilitaciones antes de contratar o designar personal para empleos que impliquen relación directa y habitual con menores. A pesar de esta obligación legal, el informe detectó que en 72 entidades públicas se mantenía a personas con esta restricción activa ejerciendo tales funciones durante el año 2025.
Acciones instruidas por la Contraloría
Ante estos irregulares, la CGR ha tomado medidas concretas. Se instruyó a las entidades involucradas a dar estricto cumplimiento a la normativa mencionada, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes contra los responsables y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Además, el organismo fiscalizador enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos internos de control para evitar futuras vulneraciones. En un comunicado relacionado con el informe, desde la Contraloría señalaron: “Este informe reafirma el compromiso de la Contraloría con la fiscalización y la protección de la infancia, instando a todas las instituciones públicas a fortalecer sus mecanismos de control y garantizar el estricto respeto a la ley”.
Esta declaración subraya el rol del ente contralor en la salvaguarda de los derechos de los menores, promoviendo una cultura de prevención y responsabilidad en el sector público.
Listado de las 21 municipalidades involucradas
El informe detalla específicamente las siguientes municipalidades donde se detectaron estos casos:
- Municipalidad de El Bosque
- Municipalidad de Puyehue
- Municipalidad de Constitución
- Municipalidad de Nancagua
- Municipalidad de Quinta de Tilcoco
- Municipalidad de Valdivia
- Municipalidad de Los Andes
- Municipalidad de Tomé
- Municipalidad de Puerto Montt
- Municipalidad de San Pedro de La Paz
- Municipalidad de El Monte
- Municipalidad de San Pedro de Atacama
- Municipalidad de Vichuquén
- Municipalidad de Concepción
- Municipalidad de La Pintana
- Municipalidad de Lago Ranco
- Municipalidad de San Javier
- Municipalidad de Illapel
- Municipalidad de Mariquina
- Municipalidad de Lumaco
- Municipalidad de Peralillo
Estas comunas abarcan diversas regiones, desde el norte hasta el sur del país, lo que refleja que el problema no se concentra en una zona geográfica específica, sino que afecta a administraciones locales de distintos tamaños y contextos.
El informe de la Contraloría no solo pone en evidencia estas irregularidades, sino que también sirve como un llamado de atención para que todas las entidades públicas refuercen sus procesos de selección y verificación de antecedentes. La protección de la infancia es un pilar fundamental del Estado, y casos como estos resaltan la necesidad de una vigilancia constante para evitar riesgos innecesarios a los niños, niñas y adolescentes que interactúan con servicios municipales, como programas educativos, recreativos o de apoyo social.
Hasta el momento, no se han reportado reacciones públicas específicas de las municipalidades mencionadas respecto a las medidas que adoptarán en respuesta a las instrucciones de la CGR. Sin embargo, el plazo establecido para informar las acciones correctivas permitirá evaluar en los próximos días el compromiso de estas instituciones con la normativa y la protección de los menores.
Este tipo de fiscalizaciones contribuye a transparentar el funcionamiento del aparato público y a generar confianza en la ciudadanía, especialmente en temas tan sensibles como el cuidado y la seguridad de la infancia en Chile.
