Contraloría detecta 910 funcionarios apostando $11.500 millones en casinos
La Contraloría General de la República reveló que 910 funcionarios públicos y municipales con prohibición legal de apostar realizaron transacciones en casinos por casi $11.500 millones entre enero de 2024 y junio de 2025.
En Santiago, Chile, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, informe que expone una masiva vulneración de la normativa que prohíbe a funcionarios que administran o custodian fondos públicos efectuar apuestas en casinos de juego.
“Estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos”, señala la ley N° 19.925 en su artículo 10, letra b), norma que la Contraloría recordó al detallar los resultados del cruce de información con la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
El documento, fechado el 23 de marzo de 2026, detectó que los 910 funcionarios pertenecen a 371 entidades públicas y municipales. Las transacciones totales alcanzaron los $11.490.456.871.
Revés a la probidad pública
El hallazgo representa un duro golpe a la confianza en la administración de recursos fiscales, ya que involucra a servidores con responsabilidad directa sobre fondos públicos que, por ley, deben rendir caución o constituir garantía.
De acuerdo con el informe, el 96,8% del monto total —equivalente a unos $11.118 millones— fue transado por solo 181 funcionarios. El análisis abarcó el período comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025.
La Contraloría ya derivó los antecedentes a los órganos de fiscalización interna de cada entidad, inició sumarios administrativos y remitió los casos al Ministerio Público cuando correspondió, según establece el procedimiento del Sistema Integrado de Acciones Derivadas disponible en su portal web.
Los montos más altos
El CIC N°20 identificó a los 20 funcionarios con mayores montos transados. Entre ellos destacan:
- Un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile con transacciones por montos significativos.
- Un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- Un oficial administrativo de la Tesorería General de la República.
- Un jefatura fiscalizador de la Municipalidad de San Ramón.
- Un directivo profesional de la Dirección del Trabajo.
- Funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt, Servicio de Gobierno Interior, Carabineros de Chile, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Municipalidad de Concepción, Municipalidad de Chiguayante, Servicio de Impuestos Internos, Policía de Investigaciones de Chile, Sence, Municipalidad de Valdivia, Municipalidad de Quilicura y Municipalidad de Rengo.
En un caso particular se menciona a un fiscalizador que apostó más de $314 millones.
Antecedentes legales y metodología
La prohibición legal aplica específicamente a quienes, por su cargo, administran o custodian fondos públicos. La Contraloría remitió a la Superintendencia de Casinos de Juego un listado de estos funcionarios registrados en sus bases de datos y contrastó esa información con los registros de transacciones en casinos.
El resultado fue claro: 910 servidores vulneraron la norma. La CGR enfatizó que este tipo de conductas compromete la probidad y la fe pública, por lo que activó de inmediato los mecanismos de control y sanción.
Hasta el momento de publicación de este informe, la Contraloría no ha entregado los nombres individuales de los funcionarios, manteniendo el foco en las instituciones y en las acciones derivadas que ya se encuentran en curso.
Reacciones y próximos pasos
El informe CIC N°20 ha generado inmediata atención en el ámbito político y administrativo. Diversas entidades involucradas deberán ahora responder internamente y adoptar medidas correctivas para evitar futuras vulneraciones.
La Contraloría General de la República reiteró su compromiso con la fiscalización permanente y anunció que continuará cruzando información sensible para fortalecer los controles sobre el uso de recursos públicos.
Este caso se suma a otros esfuerzos de la CGR por transparentar y sancionar irregularidades en el sector público, recordando que la administración de fondos fiscales exige el más alto estándar de conducta.
El documento completo está disponible en el sitio web de la Contraloría para consulta pública.
