¿Efecto inesperado? La ley que permitió masivos embargos por el CAE genera duro revés político y judicial
La Ley de Cumplimiento Tributario facilitó que la Tesorería General de la República aplique embargos masivos por el CAE mediante el vaciado electrónico de cuentas bancarias.
Santiago, Chile. «Esta herramienta es lo que permitió a la TGR salir a realizar embargos masivos y prácticamente instantáneos», advirtió el abogado tributarista Vicente Sáez Pinochet al analizar el inesperado vuelco operacional provocado por una normativa de carácter fiscal. La reciente ola de embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) aplicados por la Tesorería General de la República (TGR) encendió las alarmas en los sectores judiciales y políticos, poniendo bajo la lupa una pieza legislativa clave: la Ley de Cumplimiento Tributario (21.713). Aunque esta norma fue diseñada originalmente para fortalecer la recaudación y combatir la evasión de las grandes riquezas, sus disposiciones prácticas terminaron entregando las herramientas regulatorias necesarias para acelerar la recuperación de deudas estudiantiles mediante el vaciado remoto de cuentas bancarias. El hecho representa un duro revés político para el oficialismo, abriendo un complejo flanco de debate por el uso de mecanismos tributarios coactivos en obligaciones de naturaleza educacional.
Nuevas facultades y cambios al Código Tributario
La polémica normativa, promulgada en octubre de 2024, modificó de manera sustancial el artículo 170 del Código Tributario, ampliando significativamente la gama de bienes que la Tesorería General de la República puede embargar de forma directa. Antes de que entrara en vigencia esta reforma, existía una regulación específica y restrictiva sobre el embargo de las remuneraciones. Sin embargo, el nuevo texto legal dejó establecido de forma taxativa que «la ejecución podrá recaer sobre los dineros, créditos y cualquier otra prestación en dinero que tenga derecho a percibir el ejecutado». Con esta redacción, las cuentas corrientes y fondos líquidos pasaron a estar desprotegidos frente a las acciones de cobro ejecutivo.
Durante el acto oficial de su promulgación, el expresidente Gabriel Boric defendió con firmeza la iniciativa, asegurando que la Ley de Cumplimiento Tributario entrega «mejores herramientas para combatir la evasión y la elusión de las grandes riquezas». En ese entonces, la máxima autoridad de la nación enfatizó que la medida constituía «un acto de justicia con Chile y con quienes cumplen con la obligación de pagar sus impuestos con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad». No obstante, la aplicación de este mismo articulado para perseguir los saldos pendientes del CAE desvirtuó el foco inicial hacia los sectores de menores ingresos y profesionales endeudados, desatando una severa crisis de legitimidad sobre los fines reales de la reforma.
Celeridad por vía electrónica y fin de los límites de protección
El factor tecnológico e institucional ha sido determinante para la ejecución simultánea de miles de retenciones. Según detalló Vicente Sáez Pinochet, la reforma legal ahora «faculta al juez sustanciador (Tesorero) a ordenar la retención de fondos (embargo), de manera remota y electrónica directamente a las instituciones bancarias; ya no se tienen que apersonar en la sucursal bancaria». Este ajuste procedimental suprimió la burocracia física previa, permitiendo que las órdenes judiciales masivas se procesen de forma casi inmediata en el sistema bancario privado.
A este avance tecnológico se sumó una profunda modificación en los resguardos salariales del contribuyente. El académico Germán Pinto Perry subrayó un aspecto crítico de la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario: el nuevo ordenamiento eliminó por completo el límite legal previo que protegía explícitamente aquellas remuneraciones inferiores a cinco unidades tributarias mensuales. Al desaparecer dicha barrera de protección social, las facultades extraordinarias de cobro del organismo fiscalizador comenzaron a recaer de manera directa sobre cualquier tipo de bien líquido del deudor, sin importar si los fondos correspondían a su sueldo mínimo de subsistencia.
Debate por uso indebido y contradicción institucional
La masividad del proceso abrió un intenso conflicto jurídico respecto de la pertinencia técnica de aplicar estas severas medidas administrativas a las carteras de créditos estudiantiles. Diversos abogados y especialistas del área advierten un posible «abuso» interpretativo al aplicar de forma análoga un riguroso procedimiento de cobro de impuestos fiscales a obligaciones contractuales de una índole totalmente distinta, como lo es el financiamiento de la educación superior.
Este escenario judicial derivó en un inmediato flanco de contradicción para el Palacio de La Moneda. La opinión pública y los actores en conflicto evidenciaron un fuerte contraste ante las recientes declaraciones del propio Gabriel Boric, quien cuestionó abiertamente la legitimidad de los embargos bancarios por el CAE. La crítica de la autoridad generó inmediatas reacciones en el espectro político, puesto que las herramientas de retención electrónica automatizada que hoy golpean a los usuarios del crédito fueron impulsadas, tramitadas y promulgadas formalmente bajo su propia conducción gubernamental.
