Juan Carlos Prado, acusa al jefe comunal de financiar su defensa penal con recursos municipales, en el marco de una causa por calumnias de la que fue sobreseído.

Maipú, Chile. El concejal de Maipú, Juan Carlos Prado (UDI), interpuso una querella contra el alcalde Tomás Vodanovic (Frente Amplio), acusándolo de malversación de caudales públicos por el supuesto uso de fondos municipales para financiar su defensa en una causa penal por calumnias. La acción judicial, presentada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, se centra en la contratación de un estudio jurídico privado para representar al jefe comunal en un proceso iniciado en 2024, del cual resultó sobreseído.

Detalles de la acusación

Según la querella, Prado sostiene que Vodanovic utilizó recursos de la Municipalidad de Maipú para pagar a un estudio jurídico privado que lo defendió en una causa derivada de declaraciones emitidas en un programa de televisión. En dichas declaraciones, el alcalde habría vinculado a un particular con un crimen ocurrido en un restaurante de la comuna, lo que dio origen a la querella por calumnias. El concejal argumenta que los fondos municipales solo pueden destinarse a la defensa jurídica de funcionarios cuando estos actúan como víctimas, no como imputados, y cuestiona la legalidad de los gastos realizados. “Llama poderosamente la atención que la oficina de abogados privados contratada por el alcalde Vodanovic para defenderlo en una causa también privada sea la misma a la que se le han pagado decenas de millones de pesos en otras causas penales, y que se destinen tantos recursos municipales a estos fines que poco y nada tienen que ver con las necesidades de los maipucinos”, afirmó Prado.

Respuesta de la Municipalidad

Desde la Municipalidad de Maipú, se defendió la legalidad de los procedimientos cuestionados. Las autoridades municipales argumentaron que, conforme a la legislación vigente y a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, es procedente que el municipio otorgue defensa jurídica a sus autoridades cuando las acciones judiciales están relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas. En este caso, la municipalidad sostiene que las declaraciones de Vodanovic en el programa de televisión se realizaron en el contexto de su rol como alcalde, justificando así el uso de recursos públicos para su defensa.

Contexto y antecedentes

La querella se enmarca en un escenario de tensiones políticas en Maipú, donde Vodanovic ha impulsado acciones legales contra figuras vinculadas a la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga, actualmente en prisión preventiva por presunto fraude al fisco. La acción de Prado se suma a una serie de disputas legales en la comuna, incluyendo querellas presentadas por el propio Vodanovic contra el diputado Joaquín Lavín León, esposo de Barriga, por presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias durante la administración anterior. Estas disputas han generado un clima de polarización en la comuna, con acusaciones cruzadas entre los involucrados.

El caso de Vodanovic y la querella por calumnias de 2024, de la cual fue sobreseído, ha sido utilizado por Prado para cuestionar la gestión de los recursos municipales. La contratación del estudio jurídico, según el concejal, representa un gasto que no se alinea con las prioridades de los vecinos de Maipú, quienes enfrentan necesidades más urgentes. Por su parte, la Municipalidad insiste en que los procedimientos cumplen con la normativa vigente, respaldándose en la jurisprudencia de la Contraloría.

Implicaciones legales y políticas

La querella presentada por Prado será ahora evaluada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que determinará si existen méritos suficientes para avanzar en la investigación por malversación de caudales públicos. Este proceso podría tener implicaciones significativas para la gestión de Vodanovic, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción un eje central de su administración. Sin embargo, las acusaciones también podrían interpretarse como un intento de debilitar políticamente al alcalde, en un contexto de alta conflictividad en Maipú.

La acción judicial de Prado pone en el centro del debate el uso de recursos públicos en la defensa de autoridades municipales, un tema que ha sido objeto de controversia en otras comunas de Chile. La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre los límites y alcances de la financiación de defensas legales con fondos municipales, especialmente cuando las causas están vinculadas al ejercicio de funciones públicas. Mientras tanto, los vecinos de Maipú esperan que las disputas legales no desvíen la atención de las necesidades prioritarias de la comuna, como la mejora de infraestructura y servicios básicos.