La Contraloría General de la República exigió a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades y empresas públicas un informe detallado sobre medidas de control interno frente a casos de corrupción investigados por la justicia, con un plazo de 10 días hábiles.

En Santiago, Chile, la Contraloría General de la República inició una acción sin precedentes para combatir la corrupción en el aparato estatal. Mediante un oficio firmado por Dorothy Pérez, la entidad ordenó a diversas instituciones públicas entregar, en un plazo de 10 días hábiles, un informe detallado sobre las medidas de control interno implementadas ante casos de corrupción que ya están bajo investigación judicial. La medida busca fortalecer la transparencia y prevenir futuras irregularidades en la administración pública.

Casos de Corrupción a Nivel Nacional

El requerimiento surge tras una serie de episodios que han afectado a distintas instituciones públicas en el país. En Calama, un funcionario fue acusado de cohecho por filtrar información sobre fiscalizaciones de patentes de alcoholes, mientras otro utilizó una vivienda fiscal para almacenar armas y dar refugio a una banda delictual. En Chillán, un empleado público fue detenido por la PDI tras ser sorprendido traficando drogas destinadas a incineración. En Tarapacá, 13 funcionarios fueron arrestados por aceptar pagos para evitar controles legales.

En Santiago, los casos también son significativos. Un funcionario fue detenido por cohecho, asociación criminal y ejercicio ilegal de cargo público, mientras otro fue condenado por negociación incompatible y cohecho tras recibir pagos por adjudicar obras municipales. Además, nueve funcionarios de la capital fueron arrestados por soborno, cohecho y falsificación de documentos públicos relacionados con la incautación de vehículos. En Puerto Aysén, tres funcionarios fueron capturados al retirar una encomienda con droga, y en Iquique, cinco miembros de la Fuerza Aérea fueron sorprendidos transportando droga en aeronaves institucionales. Asimismo, seis funcionarios del Ejército fueron detenidos por encubrir una banda de narcotráfico, y un empleado fue denunciado por introducir droga desde Perú a través de un paso fronterizo.

Exigencias y Objetivos de la Contraloría

La Contraloría exige que cada institución detalle las medidas preventivas, detectivas y correctivas implementadas, además de especificar las fechas de los incidentes, el número de involucrados, los procesos administrativos iniciados y las sanciones aplicadas. Según fuentes consultadas por Radio Bío Bío, el objetivo no es perseguir a los funcionarios públicos, sino evaluar el funcionamiento del control administrativo frente a irregularidades ya descubiertas. La entidad busca responder a una pregunta clave: ¿qué medidas se han tomado para evitar que estos hechos se repitan?

El concepto de “Alguien te mira”, inspirado en una antigua teleserie, refleja la vigilancia sistemática que la Contraloría está ejerciendo sobre las reparticiones estatales. Este enfoque se centra en revisar el funcionamiento administrativo, especialmente en casos donde las propias instituciones han denunciado irregularidades. La ofensiva de la Contraloría marca un hito en la fiscalización del Estado, promoviendo una mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública.

Con esta acción, la Contraloría General de la República reafirma su compromiso con la probidad administrativa, exigiendo a las instituciones públicas un esfuerzo conjunto para erradicar la corrupción y fortalecer los mecanismos de control interno. La respuesta de las entidades en el plazo establecido será clave para determinar los próximos pasos en esta cruzada contra las irregularidades en el sector público.