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Contraloría: Municipalidades entregaron licencias de conducir a presos y deudores de alimentos

En ambas comunas de la Región Metropolitana se vulneró la Ley de Tránsito al aprobar trámites a reos y deudores de pensiones de alimentos, lo que derivó en sumarios administrativos y remisión de antecedentes al Ministerio Público.

Santiago, Chile. — La Contraloría General de la República (CGR) reveló serias fallas en los procesos de otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón, donde se constataron casos de permisos entregados a personas privadas de libertad y a solicitantes inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, contraviniendo la normativa vigente.

El informe final de la entidad fiscalizadora, correspondiente a auditorías realizadas en ambas comunas, expone que los departamentos de tránsito municipales no cumplieron con los requisitos legales establecidos en la Ley de Tránsito, particularmente en lo referido a la obligatoriedad de evaluaciones presenciales sensométricas y psicométricas, así como a la verificación de antecedentes que impiden la obtención del documento.

Irregularidades detectadas en La Granja

En la comuna de La Granja, la CGR identificó que al menos tres personas obtuvieron su licencia de conducir mientras cumplían penas privativas de libertad. Esta situación representa una infracción directa a la legislación, ya que la norma exige la realización presencial de las evaluaciones necesarias para acreditar la idoneidad del conductor, procedimiento que resulta imposible de cumplir desde un recinto penal.

Además, al cruzar información con bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, se determinó que entre los años 2018 y 2024 se otorgaron licencias a 884 personas condenadas por diversos delitos. Otro punto crítico corresponde a la entrega o renovación de 83 licencias a individuos que figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con deudas vigentes que sumaban un total de $11.111.911 (expresado en unidades tributarias mensuales al momento de la revisión).

Estos hallazgos evidencian una falta de controles adecuados en los procesos administrativos, permitiendo que personas que no cumplen con los requisitos legales accedieran al permiso de conducción.

Casos constatados en San Ramón

En la comuna de San Ramón, el ente contralor detectó el otorgamiento de una licencia de conducir a una persona que se encontraba cumpliendo una condena privativa de libertad, incumpliendo igualmente las exigencias de presencialidad en las evaluaciones.

Adicionalmente, se consignó la entrega de 73 licencias a personas condenadas entre los años 2023 y 2024, sin que se verificaran los impedimentos legales correspondientes. Al igual que en el caso anterior, estos trámites se realizaron sin respetar las disposiciones de la Ley de Tránsito ni los mecanismos de cruce de información con registros judiciales y de deudores.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría General de la República instruirá sumarios administrativos en ambas municipalidades con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los procesos. Paralelamente, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para la investigación de posibles delitos asociados a las irregularidades detectadas.

La entrega de licencias de conducir a personas que no reúnen las condiciones legales representa un riesgo para la seguridad vial y pone en cuestión la probidad y el control interno de los departamentos de tránsito municipales. La CGR enfatizó que estos incumplimientos contravienen normativas que buscan garantizar que solo conductores idóneos y sin impedimentos judiciales o de otra índole puedan obtener el permiso.

El organismo fiscalizador continúa con su labor de auditoría en otras comunas de la Región Metropolitana y del país para verificar el cumplimiento de los procedimientos en materia de licencias de conducir, con el fin de evitar la repetición de estas faltas y fortalecer los mecanismos de fiscalización.

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