Contraloría respalda cobro CAE por Tesorería
La Contraloría General de la República zanjó el debate jurídico y confirmó que la Tesorería General de la República es el organismo obligado a cobrar las deudas del Crédito con Aval del Estado.
En Santiago, Chile, la contralora Dorothy Pérez emitió un dictamen el 7 de abril que despeja dudas sobre quién debe recuperar los recursos del CAE una vez que el Estado ha pagado la garantía.
“La Tesorería General de la República es el órgano obligado a ejercer las acciones de cobranza de los créditos con aval del Estado (CAE) a que se refiere la Ley N° 20.027”, señala textualmente el documento.
Este pronunciamiento llega justo cuando la Tesorería ya empezó a notificar a deudores con ingresos superiores a los 5 millones de pesos mensuales. Para muchos egresados, el fallo representa un giro concreto: el cobro administrativo y judicial se acelera, usando las herramientas del Código Tributario, incluyendo posibles retenciones y embargos.
El dictamen y sus alcances
El documento responde a una solicitud del exdiputado Miguel Mellado, quien pidió claridad sobre la obligación del Fisco de cobrar los créditos donde operó la garantía estatal o que fueron adquiridos directamente por el Estado. La Contraloría fue clara: en esos casos, la Tesorería es la entidad encargada.
Según el dictamen, la Tesorería puede celebrar mandatos o convenios de administración con entidades financieras para facilitar la recuperación. Pero la responsabilidad final recae en ella. Las acciones se ejecutan a través de procedimientos administrativos y judiciales previstos en el Código Tributario.
Esto respalda la estrategia que el Gobierno impulsó en las últimas semanas. La Tesorería ya inició notificaciones a cerca de 1.800 morosos de altos ingresos y prepara acciones judiciales si no regularizan su situación. Para el resto de los deudores, se mantienen opciones de convenios y facilidades de pago.
La contralora Dorothy Pérez también informó que la presentación de Mellado se considerará como insumo para la planificación de futuras auditorías. Es decir, la Contraloría fiscalizará cómo la Tesorería cumple con su obligación de cobrar. Ese punto agrega presión institucional: no solo se autoriza el cobro, sino que se advierte que se vigilará su ejecución.
Contexto de una deuda que crece
El CAE lleva años en el centro del debate educacional y fiscal. Miles de chilenos terminaron sus carreras con este crédito estudiantil, pero la morosidad ha sido alta. Cuando los bancos ejecutan la garantía, el Estado asume la deuda y luego debe recuperarla. Hasta ahora existía discusión sobre si la Tesorería tenía las facultades plenas para hacerlo por vía administrativa o si debía limitarse a otras vías.
El dictamen zanja esa duda a favor de la cobranza activa. Para el Gobierno, significa un respaldo clave para recuperar recursos públicos. Para los deudores, especialmente aquellos con mejores ingresos, implica que el reloj sigue corriendo y las consecuencias pueden ser más directas: desde descuentos en remuneraciones hasta procesos judiciales.
No es un tema menor. El monto total de las deudas CAE que ha asumido el Fisco suma cientos de miles de millones de pesos. Recuperarlos, aunque sea parcialmente, alivia la presión sobre las arcas fiscales en un contexto donde el gasto público y la educación superior siguen siendo prioridades políticas sensibles.
Reacciones y próximos pasos
Hasta ahora, ni el Ejecutivo ni la Tesorería han entregado declaraciones adicionales tras el dictamen, pero el respaldo de la Contraloría les da mayor certeza jurídica para avanzar. En paralelo, organizaciones de deudores y algunos sectores políticos han cuestionado la dureza del cobro, argumentando que muchas deudas surgieron en un sistema educacional con fallas estructurales y que las condiciones económicas de los egresados varían enormemente.
La Contraloría, sin embargo, se mantiene en el plano técnico: su rol es velar por el correcto uso de los recursos públicos y la aplicación estricta de la ley. No entra en el mérito social del crédito, sino en quién y cómo debe cobrarse una vez activada la garantía.
Lo concreto es que, desde ahora, la Tesorería tiene el respaldo explícito para seguir adelante con las acciones ya iniciadas y las que vendrán. Quienes tengan deudas pendientes saben que el margen para postergar se estrecha, sobre todo si sus ingresos superan el umbral de los 5 millones mensuales.
El dictamen de Dorothy Pérez no resuelve el debate más amplio sobre el futuro del CAE ni sobre posibles condonaciones o reformas profundas al sistema de financiamiento estudiantil. Pero sí marca un hito práctico: el Estado, a través de la Tesorería, tiene la obligación legal de cobrar y lo hará con las herramientas disponibles.
Para miles de profesionales chilenos, este respaldo de la Contraloría al cobro de deudas CAE por parte de la Tesorería se traduce en notificaciones que ya están llegando o llegarán pronto. Es un recordatorio de que, más allá de las discusiones políticas, la deuda contraída con aval del Estado sigue siendo una cuenta pendiente que el aparato público está decidido a perseguir.
