Minvu destituye a Sue Milly Pot Rozas, hija de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu Metropolitano.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aplicó la máxima sanción administrativa contra la funcionaria de la Subsecretaría de Vivienda tras comprobarse que viajó a Francia en medio de un reposo laboral total, un caso que tensiona las relaciones ministeriales debido a que la afectada es hija de la líder gremial de los funcionarios del Serviu Metropolitano.

Santiago, Chile. En un dictamen que agita las aguas internas de la cartera, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo resolvió la destitución de la funcionaria de la Subsecretaría de Vivienda, Sue Milly Pot Rozas. La drástica medida administrativa, plasmada en una resolución firmada por el ministro Iván Poduje, se adoptó tras el cierre de un sumario interno que logró acreditar el uso irregular de una licencia médica por parte de la trabajadora, quien es hija de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu Metropolitano, Ivonne Rozas.

La fiscalía interna determinó que la sancionada incurrió en faltas graves a la probidad tras registrar una salida del territorio nacional con destino a Francia mientras se encontraba bajo un régimen de reposo laboral total de carácter psiquiátrico. La indagatoria administrativa cobró fuerza a raíz de los cruces de información emanados desde el Consolidado de Información Circularizada número nueve de la Contraloría General de la República, un documento que encendió las alarmas al constatar que diversos trabajadores del aparato estatal registraban movimientos migratorios coincidentes con periodos de incapacidad laboral temporal.

El viaje a Francia en pleno reposo

De acuerdo con el expediente que fundamenta la destitución, los hechos se remontan a mediados del año pasado. La afectada obtuvo una licencia médica el dieciséis de agosto de dos tres, la cual prescribía un periodo de descanso obligatorio de quince días a contar de la jornada siguiente. Sin embargo, los registros oficiales aeroportuarios del terminal Arturo Merino Benítez detallan que la funcionaria abordó un vuelo internacional el veintiocho de agosto de ese mismo periodo, rompiendo de esta manera las condiciones del reposo médico establecido. Para el sostenimiento de los cargos, la indagación recopiló el oficio respectivo de la Contraloría General de la República, la copia del documento médico, un reporte de traslados emitido por la Policía de Investigaciones y la propia declaración de la afectada.

Frente a las acusaciones de faltas a la probidad administrativa, la defensa de Sue Milly Pot Rozas argumentó formalmente que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo carecía de las competencias legales para dictar sanciones sin que existiera previamente un pronunciamiento técnico de organismos de salud como la Compin o la Isapre respectiva. Asimismo, los descargos plantearon la inexistencia de prohibiciones explícitas en el ordenamiento jurídico que impidieran los desplazamientos al extranjero durante los días de licencia. No obstante, las alegaciones fueron desestimadas en su totalidad por la Fiscalía Administrativa.

La resolución del sumario aclara de forma taxativa que el proceso no centró sus esfuerzos en perseguir una falsificación del diagnóstico médico, sino en sancionar el quebrantamiento de los deberes de conducta del funcionario público. Al estampar su firma en el formulario de la licencia, la trabajadora consintió las restricciones del reposo, y su posterior viaje a Europa terminó por bloquear los mecanismos de control que poseen las entidades competentes. La jefatura ministerial determinó que la travesía tuvo fines puramente recreativos, careció de justificaciones terapéuticas y configuró una negligencia grave que vulneró las letras g e i del artículo sesenta y uno del Estatuto Administrativo.

Contexto de tensión institucional

El dictamen no llega en un momento cualquiera. La salida obligada de Sue Milly Pot Rozas coincide con un periodo de alta fricción entre la autoridad ministerial liderada por el ministro Iván Poduje y la cúpula de los trabajadores agrupados en la Asociación de Funcionarios del Serviu Metropolitano. Durante el transcurso de los últimos días, la presidenta de dicha colectividad gremial, Ivonne Rozas, fustigó públicamente un requerimiento escrito enviado por el secretario de Estado tras desórdenes ocurridos en los actos de conmemoración de los cincuenta años de la institución.

En sus declaraciones institucionales, la dirigente acusó que la máxima autoridad construyó relatos de los acontecimientos sin realizar diligencias previas, indicando que las comunicaciones ministeriales hacían sentir a los equipos técnicos «como si fuéramos delincuentes políticos». La postura gremial sostiene además que existe un clima de desconfianza permanente por parte de la actual administración hacia el rol y el desempeño de los funcionarios de carrera dentro de las reparticiones del Estado.