“Práctica extendida”: Renca, Las Condes y La Florida superan los $200 millones en fiestas bajo la lupa
«El análisis incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley», sentenció el organismo tras detectar desembolsos que superan los $543 millones en una sola comuna y que incluyen polémicas celebraciones y eventos masivos realizados durante 2024 y 2025
Santiago, Chile. El informe de la Contraloría General de la República ha caído como un balde de agua fría en el mundo municipal. Lo que para muchos alcaldes era «llevar alegría a los barrios», para el ente fiscalizador es derechamente una vulneración a la Ley N°18.695. La entidad fue implacable al detallar que se han malgastado recursos en eventos, actividades que, a juicio del informe, no aportan al desarrollo comunal ni tienen un respaldo cultural sólido que justifique el uso de fondos públicos.
La magnitud del desbalance financiero es elocuente. En la parte alta del listado aparece Maipú con un cuestionamiento por $543 millones, pero el fenómeno es nacional. El documento destaca casos como el de Valparaíso, con $290 millones bajo la lupa; La Unión, con $265 millones; y Padre Hurtado, que registra $246 millones. La sensación en la calle es de desconcierto: mientras las prioridades vecinales suelen ser la seguridad o el estado de las veredas, el presupuesto parece haberse diluido en cotillón y parlantes.
El mapa del gasto en la Región Metropolitana
En la capital, el informe agrupa a los municipios en tramos de gasto que generan ruido por su volumen. Comunas como Renca, Las Condes y La Florida aparecen mencionadas entre las que superan la barrera de los $200 millones en este tipo de actividades. La Contraloría General de la República fue clara al señalar que al menos 30 municipalidades en todo Chile registraron gastos superiores a los $127 millones, configurando una práctica extendida que hoy enfrenta un severo revés administrativo.
El punto que más complica a las autoridades locales es la falta de «vínculo directo con las funciones municipales». No se trata solo de cuánto se gastó, sino de por qué se hizo sin seguir los canales legales. La crítica apunta a que estas fiestas se transformaron en un estándar de gestión que hoy choca de frente con la probidad. Para el cronista atento, resulta difícil explicar cómo celebraciones como el «Día de la Sonrisa» terminaron costando sumas que bien podrían haber financiado proyectos de infraestructura básica.
Un revés que exige rendición de cuentas
La crisis institucional derivada de este informe ya está forzando a los equipos jurídicos municipales a buscar facturas y decretos que, en muchos casos, no existen. Al no haber una «justificación normativa», los alcaldes enfrentan la posibilidad real de tener que restituir los fondos de su propio bolsillo mediante juicios de cuentas. La Contraloría ha sido enfática: el dinero fiscal tiene un destino preferente y las fiestas, por muy populares que sean, no pueden saltarse la ley.
Este escenario abre un flanco de críticas hacia la discrecionalidad con la que se manejan las corporaciones municipales, entes que a menudo sirven para ejecutar estos pagos de forma más ágil, pero con menor transparencia. Con más de 30 comunas bajo la lupa y montos que en su conjunto son estratosféricos, la noticia no es solo el gasto, sino la cultura de la improvisación que parece haberse instalado en los sillones alcaldicios a costa del erario nacional.
