Un informe de la Tesorería General revela que siete ministros del gobierno de Chile, incluyendo a Maya Fernández y Carolina Tohá, acumulan deudas por contribuciones de propiedades que van desde $1,15 millones hasta $37 millones.

Un informe de la Tesorería General ha puesto en evidencia que siete ministros del gobierno chileno no han cumplido con el pago de contribuciones asociadas a propiedades, generando deudas que alcanzan hasta $37 millones en algunos casos.

Detalles de las Deudas en el Gabinete

En Santiago, Chile, la Tesorería General identificó que los ministros de Defensa, Maya Fernández; Interior, Carolina Tohá; Educación, Nicolás Cataldo; Salud, Ximena Aguilera; Hacienda, Mario Marcel; Economía, Nicolás Grau; y Obras Públicas, Juan Carlos García, presentan atrasos en el pago de contribuciones. Las deudas, según el informe, oscilan entre $1.156.000 y $37.000.000. Entre las propiedades involucradas se encuentran una parcela en Algarrobo perteneciente a Fernández, con una deuda de $37 millones, y un departamento en Providencia de Tohá, con un monto adeudado de $1,15 millones. Otras propiedades están ubicadas en comunas como Santiago, La Florida y Maipú, aunque el reporte no detalla los períodos exactos de los atrasos.

Contexto Político y Reacciones

La revelación ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad fiscal de las autoridades, en un contexto donde la transparencia en la gestión pública es un tema sensible. El informe de la Tesorería General no menciona sanciones específicas, pero insta a los ministros a regularizar sus obligaciones tributarias. Según fuentes del organismo, los atrasos no implican necesariamente una infracción legal, ya que los pagos pueden regularizarse, pero el caso ha avivado el debate sobre el cumplimiento de las normas tributarias por parte de altos funcionarios. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones oficiales de los ministros afectados, aunque se espera que tomen medidas para saldar las deudas prontamente.

Implicaciones y Próximos Pasos

La situación pone presión sobre el gobierno, especialmente en un año políticamente complejo. La Tesorería General ha enfatizado la importancia de que las autoridades cumplan con sus obligaciones para mantener la confianza ciudadana. Aunque el informe no detalla si los ministros han iniciado procesos de regularización, se espera que la resolución de estas deudas sea prioritaria para evitar mayores controversias. La falta de claridad sobre los plazos de los atrasos y el número exacto de propiedades involucradas podría generar nuevas preguntas en los próximos días.