El Servicio de Impuestos Internos acusó al parlamentario de emitir documentos tributarios falsos y subdeclarar ingresos, generando un perjuicio fiscal de más de $10 millones. La acción se presenta días antes de que la Corte de Apelaciones de Santiago revise su desafuero.

En Santiago, Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella contra el diputado Joaquín Lavín León, exmilitante de la UDI, por presuntos delitos tributarios. La acción judicial, presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se suma a una investigación en curso de la Fiscalía Metropolitana Oriente que incluye cargos por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, y se produce a pocos días de la revisión de una solicitud de desafuero del parlamentario.

Detalles de la querella

Según el escrito de 42 páginas presentado por la directora subrogante del SII, Carolina Morales, el diputado Lavín habría incurrido en dos principales ilícitos tributarios entre 2017 y 2024. El primero se refiere a la «facilitación de documentación tributaria falsa», que permitió la comisión de otros delitos tributarios. En este contexto, las empresas Imprenta MMG S.A. y Gráfica Totalprint SpA, representadas por Juan Silva, emitieron 34 facturas ideológicamente falsas entre 2017 y 2022, supuestamente por servicios prestados al parlamentario. Estas facturas, según la acusación, fueron utilizadas para justificar gastos ante el Congreso Nacional y el Servicio Electoral (Servel), obteniendo reembolsos de fondos públicos de manera fraudulenta.

El segundo ilícito apunta a declaraciones de impuestos «maliciosamente incompletas o falsas» presentadas por Lavín entre 2018 y 2024, en las que habría subdeclarado ingresos provenientes de asignaciones parlamentarias rendidas con facturas irregulares. Además, la querella incluye a la empresa Modo74 SpA, representada por Felipe Vásquez, exasesor del diputado, que emitió seis facturas por un total de $3.270.577, las cuales fueron anuladas tras su rendición como gastos parlamentarios. Según el SII, estas maniobras generaron un perjuicio fiscal de $7.946.718, que, actualizado a julio de 2025, asciende a $10.149.465.

La querella también involucra a Arnaldo Domínguez, señalado como intermediario en la emisión de los documentos falsos, junto a Silva y Vásquez, quienes son considerados autores o coautores de los delitos tributarios.

Contexto judicial y desafuero

La acción del SII se presenta en un momento clave, ya que el próximo 16 de septiembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará los alegatos de la defensa de Lavín para evitar su desafuero, solicitado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, liderada por el alcalde Tomás Vodanovic. Esta solicitud se enmarca en una investigación que lleva casi un año y que incluye acusaciones de fraude al fisco por más de $100 millones, además de tráfico de influencias y negociación incompatible.

El SII sostiene que los documentos falsos, que incluían glosas como «cuentas públicas», «flyers» o «tarjetas de presentación», correspondían a deudas de campañas políticas o servicios no prestados. Algunos proveedores reconocieron ante la Fiscalía que emitieron facturas sin respaldo de servicios reales, siguiendo instrucciones de un intermediario cercano al diputado.

Reacciones y próximos pasos

Hasta el momento, Joaquín Lavín León no ha emitido una declaración pública respecto a la querella del SII. Sin embargo, su abogado defensor ha señalado que existe una presión indebida por parte del Ministerio Público, en el contexto de la investigación en curso. La audiencia de desafuero, programada para el 16 de septiembre a las 9:30 horas, será un punto clave para determinar si el parlamentario enfrentará formalización por los cargos que se le imputan.

El SII ha solicitado al Ministerio Público que investigue a fondo a los querellados y a cualquier otro responsable, con el objetivo de que sean condenados con las penas máximas establecidas por la ley. Este caso se suma a una serie de investigaciones que han marcado la actual legislatura, que podría convertirse en la de mayor número de desaforos desde el retorno a la democracia en Chile.