«Un fraude»: UDI exige restituir fondos estatales tras confirmación de ADN de Bernarda Vera en Argentina
Los parlamentarios de la bancada gremialista apuntan a posibles responsabilidades y exigen que el Gobierno junto al Consejo de Defensa del Estado gestionen la devolución de los recursos entregados por décadas a la familia.
Santiago, Chile. Un examen de ADN del Servicio Médico Legal (SML) confirmó que la mujer ubicada en Argentina corresponde a Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien estuvo incorporada durante más de cinco décadas al registro oficial de personas detenidas desaparecidas de la dictadura militar. La noticia reabre un duro flanco político y judicial luego de que legisladores de la UDI exigieran la devolución de los dineros públicos otorgados en este caso.
Las gestiones judiciales y el informe pericial
El ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, comunicó a la familia que la comparación genética realizada con muestras almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999 %.
El magistrado mantuvo la causa bajo secreto de investigación y dispuso la reserva del informe pericial por contener datos sensibles. Bernarda Vera, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), figuraba en el Informe Rettig y en registros oficiales como víctima de desaparición forzada desde octubre de 1973.
La arremetida parlamentaria por los pagos del Estado
Tras la confirmación científica, la jefa y el subjefe de la bancada UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, junto con el diputado Daniel Lilayu, calificaron el hecho como un posible fraude y solicitaron formalmente al Ejecutivo y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ejercer acciones para recuperar los recursos entregados a sus parientes.
Los parlamentarios recordaron que el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó en su momento el pago de una pensión a la madre de la mujer hasta su fallecimiento, además de un beneficio a una hija hasta que cumplió los 25 años. El propio organismo previsional había señalado con anterioridad que, en caso de modificarse oficialmente la condición de víctima, realizaría las gestiones para recuperar los pagos indebidamente percibidos.
«Si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad», afirmaron los legisladores, quienes sostuvieron que no basta con la sola confirmación de la identidad y pidieron determinar exhaustivamente cómo se mantuvo el caso dentro de los registros estatales.
