Reducción de penas a violadores moviliza una reforma constitucional impulsada por diputados de Renovación Nacional (RN)
Con el objetivo de frenar el acceso a rebajas de condena amparadas en legislaciones antiguas a personas sentenciadas por delitos sexuales.
La reducción de penas a violadores y abusadores sexuales quedaría sin efecto mediante una modificación a la Carta Magna, luego de revelarse que durante los últimos gobiernos se concedieron 332 beneficios, con 27 condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación favorecidos por decretos recientes dictados por el Ministerio de Justicia.
Santiago, Chile. La reducción de penas a violadores y abusadores infantiles enfrenta un freno legislativo tras la presentación de un proyecto constitucional impulsado por la diputada Ximena Ossandón junto a la bancada de Renovación Nacional. La iniciativa surge en medio de la controversia por cincuenta y seis decretos de reducción dictados por el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre de 2026, los cuales beneficiaron a veintisiete condenados por abuso sexual de menores y a veintinueve por violación, según publicó Interferencia. Cifras difundidas por Emol dan cuenta de que durante las últimas administraciones se han concedido trescientos treinta y dos beneficios de este tipo, de los cuales 276 corresponden a la gestión de Gabriel Boric y cincuenta y seis al gobierno del presidente José Antonio Kast.
La controversia jurídica tras la Ley 21.421
El debate tiene como trasfondo la Ley 21.421, promulgada en 2022, la cual excluyó de las rebajas de condena a los sentenciados por delitos sexuales contra menores. A pesar de la normativa, su aplicación a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia ha generado diversas interpretaciones judiciales, incluyendo pronunciamientos de la Corte Suprema durante el año 2026.
Frente a este escenario, los parlamentarios buscan incorporar una norma en el artículo 19 de la Constitución, fijando que la reducción de penas a violadores y cualquier término anticipado de presidio se rijan estrictamente por la ley vigente al momento de resolver la solicitud, sin importar la fecha en que se cometió el delito.
Mecanismos de la reforma y anulación de beneficios
El proyecto estipula que las restricciones actuales apliquen a todos los procedimientos pendientes de resolución. Además, la propuesta incluye un efecto revocatorio: los beneficios otorgados mediante resoluciones administrativas durante los seis meses previos a la eventual publicación de la reforma quedarán automáticamente sin efecto. Desde el bloque impulsor aclararon que la medida no altera retroactivamente las condenas fijadas por los tribunales, sino que regula las condiciones para acceder a disminuciones del presidio efectivo.
“No podemos tolerar que violadores y abusadores reduzcan sus penas y se amparen en regímenes legales que ya tenemos superados como sociedad”, afirmó Ximena Ossandón. En esa línea, la diputada Claudia Mora señaló que las contradicciones en la interpretación de la ley no deben abrir espacios para reducir penas que deben cumplirse efectivamente. Por su parte, el diputado Jorge Guzmán respaldó la iniciativa señalando la necesidad de cerrar la puerta a este tipo de beneficios sin excepciones. La iniciativa deberá continuar su tramitación legislativa en el Congreso Nacional.
