Subsecretario de Justicia Luis Silva enfrenta el fin de su gestión tras la solicitud de renuncia
El Subsecretario de Justicia Luis Silva dejó su cargo tras estampó su firma en decretos de rebaja de penas, sumando la baja número 59 en la actual administración.
Santiago, Chile. El Subsecretario de Justicia Luis Silva fue removido de su cargo por el Gobierno en medio del escándalo suscitado por la concesión de beneficios intrapenitenciarios y rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La salida de la exautoridad se convirtió en la baja número 59 del Ejecutivo en lo que va del periodo.
Las firmas del Subsecretario de Justicia Luis Silva y la investigación penal
La posición de la exautoridad se volvió insostenible al confirmarse que estampó su firma directa en diversos decretos cuestionados mientras ejercía como ministro subrogante de la cartera. Esta situación escaló al plano judicial cuando la Fiscalía Nacional derivó una denuncia a la Fiscalía Centro Norte para dar inicio a una investigación penal por el eventual delito de prevaricación administrativa, acción que salpica tanto a la exautoridad como al ministro Fernando Rabat.
El video de la discordia y la quebrada relación en La Moneda
A pesar de que desde el Palacio de Gobierno se había afirmado previamente que el Estado falló frente a las víctimas, buscando mantener la continuidad del equipo para corregir los procedimientos, la relación interna en el ministerio se rompió definitivamente por una acción comunicacional no coordinada.
La exautoridad divulgó de manera autónoma un registro audiovisual en sus plataformas personales sin informar al ministro titular. En el video, justificó su actuar señalando que aplicó la denominada «doctrina Rabat» bajo obligación legal y para dar cumplimiento a dictámenes de la Corte Suprema con el fin de evitar detenciones ilegales. El hecho fue visto en el Palacio de Gobierno como una desconexión de la postura oficial.
La remoción busca reducir la tensión existente en el Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputadas y Diputados ya había respaldado un acuerdo formal para exigir la salida de los responsables de la cartera.
