«Recibe pensión por violaciones a DDHH en el 18-O»: uno de los detenidos por disparar a carabineros en megatoma de San Antonio
Uno de los seis imputados por homicidio frustrado contra funcionarios policiales durante el desalojo de una megatoma en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, recibe una pensión de gracia del Estado por haber sufrido vulneraciones de derechos humanos durante el estallido social de octubre de 2019.
San Antonio, Región de Valparaíso, Chile. — En medio del operativo policial para desalojar una megatoma en la comuna de San Antonio, se registraron enfrentamientos que dejaron a dos carabineros heridos a bala, sumándose a un funcionario de la PDI lesionado el día anterior. Seis personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos, entre ellas un joven de 21 años que recibe una pensión de gracia otorgada por vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
El hecho se produjo en el contexto del desalojo de las parcelas 13 y 15 de la toma, ubicado en el cerro Centinela. Durante la intervención, personal de Carabineros sufrió heridas balísticas, lo que motivó la detención de los involucrados por el delito de homicidio frustrado en contra de funcionarios en ejercicio, además de porte de armamento y munición.
Entre los detenidos mayores de edad —tres hombres y una mujer— destaca el caso de Bryan Andrés Serrano Godoy, de 21 años. Según fuentes consultadas por Radio Bío Bío en la zona, este imputado recibe una pensión de gracia por haber sido víctima de violaciones a los derechos humanos en octubre de 2019 (conocido como 18-O).
Detalles del operativo y detenciones
El procedimiento policial se llevó a cabo en la madrugada y generó tensión en el sector. Los dos carabineros lesionados por impacto balístico se suman al funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que resultó herido el lunes previo, en hechos relacionados con la misma zona o contexto de ocupaciones irregulares.
Producto de la acción policial, se concretó la aprehensión de seis individuos de nacionalidad chilena. Dos de ellos son menores de edad (de 15 y 16 años), mientras que los cuatro adultos incluyen a Serrano Godoy. Todos enfrentan cargos por homicidio frustrado contra carabineros, junto con infracciones asociadas al porte ilegal de armas y municiones.
El caso de este joven de 21 años ha generado atención pública, ya que forma parte del grupo de personas que accedieron a beneficios estatales por vulneraciones sufridas durante las protestas del estallido social. Según información de medios como La Tercera, se trata de una de las 418 personas que recibieron este tipo de pensión de gracia en el marco del 18-O por motivos de derechos humanos.
No se precisan detalles adicionales sobre el monto de la pensión ni el proceso específico de su otorgamiento en este caso particular, pero el beneficio se enmarca en las medidas adoptadas por el Estado para reparar daños sufridos por manifestantes en ese período.
El operativo de desalojo forma parte de acciones recurrentes contra tomas irregulares en la zona costera de la Región de Valparaíso, donde confluyen reclamos por vivienda y operativos de control territorial. Los enfrentamientos armados durante estos procedimientos han sido objeto de debate en torno a la proporcionalidad del uso de la fuerza y las condiciones de seguridad de los funcionarios policiales.
Hasta el momento, no se han entregado declaraciones oficiales de los imputados ni de sus representantes legales respecto a los hechos o al beneficio previsional mencionado. La investigación continúa a cargo del Ministerio Público para determinar responsabilidades individuales en los disparos que afectaron a los carabineros.
Este episodio revive discusiones sobre los criterios de entrega de pensiones de gracia y su compatibilidad con posteriores involucramientos en hechos delictivos, aunque en este caso específico el beneficio se originó en vulneraciones previas documentadas durante el estallido social.
