«El Estado no cuenta con las herramientas»: La propuesta de Carol Bown ante el alza del 167% en rucos
La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, propone crear un nuevo delito de «instalación reiterada» para enfrentar la ocupación del espacio público mediante rucos, tras registrarse un incremento del 167% en los retiros municipales de estos asentamientos irregulares.
San Miguel, Chile. La ocupación irregular de los bienes nacionales de uso público ha escalado como uno de los debates complejos en la gestión urbana y la seguridad comunal. Ante este escenario, la jefa comunal de San Miguel, Carol Bown, presentará una propuesta legislativa orientada a enfrentar la instalación permanente y sucesiva de las denominadas estructuras precarias de habitación o rucos. El planteamiento surge directamente como respuesta a un incremento sostenido del fenómeno, el cual genera repercusiones visibles en la convivencia de los barrios, la salubridad y las condiciones de seguridad en las calles chilenas.
De acuerdo con las estadísticas levantadas por los equipos de la Municipalidad de San Miguel durante el cuatrimestre que comprende los meses de enero a abril de 2026, los operativos de retiro de estos asentamientos aumentaron de 255 a 682 intervenciones en comparación al mismo lapso medido el año anterior. Lo anterior representa un incremento del 167% en las acciones de despeje en la comuna. En paralelo, las denuncias y reclamos presentados por los residentes de la zona debido a problemas asociados de forma directa a los rucos subieron de 145 a 575 casos, anotando un crecimiento equivalente a casi un 300%.
Los antecedentes técnicos del municipio indican que estas dinámicas de habitabilidad informal suelen derivar de forma colateral en externalidades como la acumulación de desechos, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas en la vía pública, la realización de necesidades fisiológicas al aire libre, y eventos vinculados a delitos de mayor connotación como el microtráfico de drogas, hechos delincuenciales generales y el porte de armas hechizas.
La alcaldesa de la comuna abordó de manera directa la debilidad institucional existente frente al fenómeno, manifestando textualmente que «estamos frente a un problemón a nivel nacional. Hoy los municipios retiran asentamientos irregulares y, a las pocas horas o días, las personas vuelven a instalarse en el mismo lugar. El problema se repite indefinidamente porque el Estado no cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentar este fenómeno».
El diagnóstico comunal se cruza con las estadísticas macro de vulnerabilidad social en el país. Según revelaron los resultados oficiales del Censo 2024 levantado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a nivel nacional existen 21.750 personas que se encuentran viviendo en situación de calle. Esta magnitud, al complementarse con los antecedentes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, evidencia que la población en dicha condición se ha duplicado durante el transcurso de los últimos siete años.
Un mecanismo de tres etapas
La propuesta diseñada por la administración municipal busca establecer un procedimiento escalonado que combina áreas de asistencia social, gestión administrativa e intervención judicial, situando la persecución penal únicamente como un último recurso frente a la nula respuesta a las fases previas.
La metodología presentada se organiza estructuradamente de la siguiente manera:
- Primer evento: Se procede al retiro por parte de los funcionarios municipales de la instalación precaria detectada. Paralelamente, se extiende una oferta formal e institucional para el ingreso del ciudadano a los programas de asistencia social y se realiza la inscripción detallada del caso en el denominado «Registro de Incivilidades».
- Segundo evento: En caso de reincidencia, se faculta una conducción administrativa especial que será ejecutada por personal de Carabineros de Chile. Dicho procedimiento tendrá una vigencia con un plazo máximo de doce horas, período en el cual se activará obligatoriamente la participación y diagnóstico de organismos de asistencia social y del área de la salud.
- Tercer evento: Corresponde a la fase estrictamente judicial que propone formalmente la creación del delito autónomo de «instalación reiterada». Esto se materializaría mediante la incorporación de un nuevo artículo 458 ter en el articulado del Código Penal, cuya aplicación estará estrictamente condicionada a que exista la verificación documental de que el afectado recibió una oferta social previa.
Coordinación en el Congreso Nacional
Frente a los cuestionamientos naturales que levantan este tipo de iniciativas en la discusión pública, Carol Bown enfatizó que la propuesta «no busca criminalizar la pobreza», sino conseguir un equilibrio técnico entre los derechos fundamentales de los individuos en situación de calle y el derecho de los vecinos a transitar por espacios públicos que reúnan condiciones básicas de seguridad.
«La respuesta no puede ser solamente social ni únicamente penal. Durante décadas el Estado ha actuado sin coordinación y sin herramientas efectivas. Esta propuesta busca justamente combinar asistencia social, intervención institucional y responsabilidad jurídica en casos reiterados», planteó formalmente la jefa comunal de San Miguel para fijar su postura institucional.
Actualmente, las distintas reparticiones técnicas y jurídicas del municipio se encuentran trabajando en el desarrollo formal de la redacción final del articulado de la ley. Al mismo tiempo, se han iniciado las primeras líneas de trabajo y coordinación política con distintos parlamentarios de la República con el fin de ingresar el proyecto a tramitación legislativa dentro del Congreso Nacional.
Por último, el diseño contempla un proyecto de resolución accesorio enfocado directamente hacia el Poder Ejecutivo, solicitando que el Gobierno central inyecte recursos y refuerce los dispositivos del Subsistema «Seguridades y Oportunidades», aumente las plazas en los recintos y albergues de alojamiento de emergencia y potencie la cobertura médica de la red de salud mental a nivel comunitario.
