¿Fue una estafa?: Contraloría detecta graves anomalías en millonarios convenios de Fundación Daya con municipios y envía los antecedentes al CDE

La Contraloría General de la República arrojó un balde de agua fría sobre los polémicos convenios de la Fundación Daya con diversas municipalidades, revelando que el fitofármaco prometido nunca llegó a la gran mayoría de las comunas, pese al desembolso de casi 380 millones de pesos de fondos públicos. Tras el lapidario informe, el órgano fiscalizador ordenó la apertura de un sumario administrativo y remitió la totalidad de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Santiago, Chile. El escenario judicial y político se tornó complejo tras la publicación de los resultados de una fiscalización exhaustiva. La Contraloría General de la República dio a conocer el Informe Final N° 247, de 2024, el cual ratificó la existencia de serias irregularidades en una serie de acuerdos suscritos entre múltiples administraciones locales y la Fundación Daya, entidad fundada por la actual diputada Ana María Gazmuri y su cónyuge Nicolás Dormal. El dictamen representa un duro golpe para la gestión de la organización y reabre los cuestionamientos sobre el destino de los recursos fiscales invertidos en el fallido programa de cannabis medicinal.

Según los datos validados por el ente contralor, la Fundación Daya percibió casi 380 millones de pesos provenientes de las arcas públicas. El objetivo original del proyecto apuntaba a abastecer a 14 municipios con un fitofármaco desarrollado a base de cannabis, destinado a tratamientos de pacientes oncológicos, con epilepsia y dolores crónicos. No obstante, la auditoría arrojó que apenas dos comunas lograron recibir la totalidad de las dosis comprometidas por contrato, mientras que otras dos obtuvieron un volumen inferior al acordado. La situación más crítica afecta a 11 municipalidades, las cuales se quedaron literalmente con las manos vacías tras haber transferido los fondos presupuestarios correspondientes.

Detalle del incumplimiento y la falta de control fiscal

La indagatoria abarcó un periodo amplio de revisión, centrando su análisis en los convenios que se ejecutaron entre enero de 2015 y diciembre de 2023. Las entidades auditadas corresponden a las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. El diseño del programa establecía que los gobiernos locales financiarían en conjunto los costos operacionales del cultivo, la infraestructura, el equipamiento y la posterior elaboración del medicamento para beneficiar a 2.300 pacientes durante un año. Sin embargo, la Contraloría General de la República constató que las dosis producidas no se destinaron exclusivamente a este fin, provocando un desabastecimiento generalizado que impidió cubrir las metas estipuladas.

A los problemas de distribución se sumaron fallas administrativas críticas en los procesos de rendición de cuentas. El informe detectó desorden y duplicidad de documentos de gastos en las localidades de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros. Asimismo, los municipios de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros aceptaron rendiciones por montos superiores a los fondos transferidos originalmente. Por otra parte, las municipalidades de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral derechamente no realizaron las revisiones periódicas ni exigieron los respaldos, facturas o comprobantes mínimos de ingresos y egresos que exige la ley. La fiscalización determinó, además, que el laboratorio a cargo de procesar el fitofármaco no contaba con el permiso del Instituto de Salud Pública cuando se iniciaron las transferencias monetarias entre junio de 2015 y diciembre de 2016, obteniendo una autorización provisional recién en 2018.

Cuestionamiento a los sueldos de los fundadores

El documento de la Contraloría General de la República también transparentó las remuneraciones percibidas por los directivos de la organización durante el desarrollo del proyecto. En diciembre de 2015, Ana María Gazmuri cobró una renta superior a los 2,2 millones de pesos, ejerciendo como directora ejecutiva de la entidad. Por su parte, su esposo Nicolás Dormal percibió un sueldo de 1,7 millones de pesos en el mismo periodo, cifra que se incrementó a 2,3 millones de pesos en marzo del año siguiente. En total, Dormal recibió 11 meses de remuneraciones, mientras que la actual parlamentaria registró un total de 9 meses bajo pago legal.

Frente a estos antecedentes, desde la Fundación Daya esgrimieron que ambos profesionales cumplieron funciones con dedicación exclusiva y que el diseño original requería de una labor colaborativa permanente. De acuerdo con la versión de la organización, los municipios fallaron en generar las condiciones logísticas e institucionales necesarias para el éxito del programa. A pesar de estas explicaciones, la molestia al interior de las corporaciones edilicias es evidente. Fuentes directas de una de las casas comunales afectadas, que desembolsó más de 30 millones de pesos sin percibir un solo medicamento, manifestaron bajo reserva que la sensación generalizada en los equipos técnicos es haber sido víctimas de una estafa. Ante la pasividad de los municipios por perseguir judicialmente las restituciones de dinero, el organismo fiscalizador determinó iniciar sumarios administrativos para perseguir las responsabilidades funcionarias correspondientes y derivó la carpeta completa al Consejo de Defensa del Estado.Agradecimientos BBCL Investiga