En un megaoperativo anticorrupción en Arica, Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público detuvieron a diez personas, incluyendo cinco funcionarios públicos, por presuntos delitos de corrupción relacionados con la gestión de terrenos fiscales.

En Arica, Chile, un amplio operativo liderado por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI culminó este miércoles 3 de septiembre de 2025 con la detención de diez personas, cinco de ellas funcionarios públicos, por presuntos delitos de corrupción pública. La investigación, iniciada en 2021 tras denuncias de usuarios, reveló una red organizada que operaba al interior de la Seremi de Bienes Nacionales y la Dirección de Obras Municipales de Arica.

Detalles del Operativo

Según informó el subprefecto Marcelo García Cid, jefe de la Bridec en Arica, el procedimiento se gestó tras más de dos años y medio de una investigación reservada dirigida por la Fiscalía local de Arica. Los detenidos incluyen a cuatro funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, un trabajador de la Dirección de Obras Municipales de Arica, tres exfuncionarios de la Seremi y dos particulares que actuaban como consultores. Las detenciones se llevaron a cabo en Arica y en la Región Metropolitana, donde uno de los imputados fue capturado en Santiago.

La investigación estableció que, desde al menos 2021, los involucrados habrían conformado una red con roles definidos para cometer diversos delitos, como recibir sobornos a cambio de agilizar trámites, filtrar información interna y manipular procesos de entrega de concesiones, arriendos o ventas de terrenos fiscales. Estas acciones favorecían a ciertas personas a cambio de «cuantiosas sumas de dinero», según detalló la Fiscalía. Durante el operativo, se allanaron dependencias de la Seremi, la Dirección de Obras Municipales y domicilios particulares, incautando documentación, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para respaldar la indagatoria.

El fiscal regional Mario Carrera destacó la complejidad del caso, señalando que «esto no puede realizarse en conductas aisladas, sino con varias personas funcionando al mismo tiempo y en distintas instituciones». Además, subrayó que, aunque la investigación comenzó en 2021, las prácticas podrían remontarse a años anteriores, involucrando «mucho dinero» acumulado a lo largo del tiempo. La fiscal Paulina Brito, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), explicó que la causa se originó por denuncias de usuarios canalizadas por la propia Seremi, lo que permitió identificar irregularidades en la gestión de terrenos fiscales.

Reacciones y Medidas Administrativas

La Seremi de Bienes Nacionales de Arica emitió un comunicado en el que condenó «tajantemente cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales, afectando el resguardo del territorio fiscal y poniendo en riesgo la gestión pública». La institución confirmó que la investigación se inició tras denuncias internas, coordinadas con autoridades ministeriales nacionales, y anunció la apertura de un proceso disciplinario interno para determinar responsabilidades y aplicar sanciones. Asimismo, se comprometió a seguir colaborando activamente con el Ministerio Público.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, enfatizó la gravedad de los hechos, afirmando que «la persecución del cohecho se tiene que hacer con la mayor severidad posible». Añadió que estos actos representan «una delgada línea roja entre el crimen organizado y la captura institucional», destacando la necesidad de combatir estas prácticas para proteger la integridad de las instituciones públicas.

Próximos Pasos Judiciales

Los diez detenidos serán presentados este jueves 4 de septiembre ante el Juzgado de Garantía de Arica para su audiencia de control de detención y formalización. La Fiscalía los acusará de delitos como lavado de activos, falsificación y asociación ilícita, entre otros relacionados con corrupción pública. Las autoridades esperan que las pruebas recopiladas durante los allanamientos, que involucraron a cerca de 100 detectives, permitan sustentar los cargos y esclarecer la magnitud de la red delictiva.

Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública, especialmente en la gestión de recursos fiscales. La detención de estos funcionarios y particulares representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en Arica y Parinacota, pero también plantea interrogantes sobre la extensión de estas prácticas en otras instituciones y regiones del país. La ciudadanía espera que las investigaciones continúen para garantizar que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y que se implementen medidas efectivas para prevenir futuros casos de corrupción.