La Fiscalía Regional de Valparaíso indagará la existencia de redes coordinadas de desinformación y “ejércitos de bots” presuntamente vinculados al Partido Republicano, tras una denuncia presentada por parlamentarios oficialistas.

Valparaíso, Chile. La Fiscalía Nacional acogió una denuncia presentada por un grupo de parlamentarios oficialistas para investigar la existencia de redes organizadas de desinformación y “ejércitos de bots” supuestamente vinculados al Partido Republicano y al candidato presidencial José Antonio Kast, en un caso que también involucra a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. La investigación será liderada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, bajo la dirección de la fiscal Claudia Perivancich.

Detalles de la investigación

La denuncia, impulsada por los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Daniel Melo, Marcos Ilabaca, Juan Santana (PS), Karol Cariola (PC), Rubén Oyarzo (PR), Diego Ibáñez (FA), Jaime Araya y Cristian Tapia (PPD), solicita indagar posibles delitos informáticos, asociación ilícita y otros ilícitos penales que puedan configurarse. Según los parlamentarios, estas redes habrían difundido información falsa de manera masiva, afectando principalmente a Evelyn Matthei, a quien se intentó vincular con enfermedades como el Alzheimer. La acción se basa en reportajes periodísticos que evidencian ataques digitales coordinados contra líderes políticos.

El diputado Daniel Manouchehri, uno de los principales impulsores de la denuncia, señaló que “estamos frente a una amenaza directa contra la democracia. No son simples ‘trolls’ aislados, sino redes organizadas que buscan manipular la opinión pública, difamar y amedrentar a adversarios políticos”. Por su parte, Daniella Cicardini destacó la necesidad de esclarecer “quiénes financian esta verdadera guerra sucia, quién coordina y quién se beneficia de este ejército de bots”, subrayando que “la ciudadanía tiene derecho a votar con información verdadera”.

La investigación también contempla citar a declarar a José Antonio Kast, Evelyn Matthei y a los administradores de las cuentas identificadas en los reportajes. Matthei, quien inicialmente anunció una querella contra el Partido Republicano por una “campaña asquerosa” en su contra, finalmente desistió de presentar acciones legales debido a presiones políticas, según indicaron los parlamentarios oficialistas. En este contexto, Karol Cariola afirmó: “Vamos a hacer lo que lamentablemente Matthei no se atrevió porque tuvo presiones. Es asqueroso que se mienta y se desprestigie a personas con campañas coordinadas”.

Agenda legislativa contra la desinformación

Además de la acción judicial, los parlamentarios anunciaron una agenda legislativa para combatir la desinformación digital. Esta incluye un proyecto de ley para sancionar el financiamiento y la coordinación de campañas digitales ilegales, iniciativas para obligar a plataformas digitales a entregar datos de cuentas falsas y redes automatizadas, y medidas de protección para víctimas de difamación y manipulación digital. “En nuestro país nadie puede estar por sobre la ley, y las plataformas también deben someterse a la justicia chilena”, remarcó Manouchehri.

El diputado Jaime Araya calificó de “infamia” el intento de instalar que Matthei padecía Alzheimer, señalando que “esto es un tema de interés público”. Por su parte, Diego Ibáñez vinculó estas prácticas a tácticas de la ultraderecha a nivel global, citando casos en Estados Unidos, Brasil, Francia, Alemania y España, donde se han sancionado o investigado campañas similares. “Hoy hay empresas que se dedican a vender datos y canalizar información para incidir en la opinión pública”, afirmó.

Daniel Melo destacó la importancia de la decisión de la Fiscalía Nacional: “Es una buena noticia que el Ministerio Público haya acogido esta denuncia. Las noticias falsas y estas redes que buscan manipular la realidad no pueden seguir carcomiendo nuestras instituciones democráticas. Los chilenos merecen conocer la verdad”.

El caso, que se desarrolla en un contexto electoral, podría sentar un precedente en la forma en que Chile aborda la desinformación y las campañas digitales maliciosas. La investigación buscará determinar si hubo coordinación detrás de estas redes y si tuvieron fines electorales, lo que podría derivar en causas penales contra personas o entidades involucradas.