Informe de Dipres revela caja fiscal de US$3.617 millones y genera cuestionamientos al Gobierno
En Santiago de Chile, el informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre la caja fiscal ha reabierto el debate político en torno a la situación de las finanzas públicas heredadas por la actual administración.
“Se cae la mentira”, señalaron parlamentarios de oposición tras conocer el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público publicado por la Dipres, que reporta una caja fiscal de US$3.617 millones al cierre de febrero de 2026. Esta cifra, correspondiente a los Otros Activos del Tesoro Público (OATP), más que duplica los US$1.406 millones registrados en enero y contrasta fuertemente con los cerca de US$46 millones que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había mencionado previamente como el monto recibido por el actual Gobierno.
El dato oficial ha provocado cuestionamientos directos desde el Congreso Nacional hacia el Ejecutivo, en medio de discusiones sobre la disponibilidad de recursos para financiar diversas medidas económicas.
Cifras oficiales y evolución de la caja fiscal
Según el informe de la Dipres, al 28 de febrero de 2026 los activos consolidados del Tesoro Público alcanzaban US$18.920 millones, de los cuales US$3.617 millones corresponden a la denominada caja fiscal. Esta liquidez se explica principalmente por un aumento en los ingresos del Gobierno Central, impulsado por una recaudación superior vinculada al desempeño de la minería privada, que registró un crecimiento real anual del 6,5% en los ingresos tributarios relevantes.
La evolución mensual muestra un salto significativo: desde los US$1.406 millones de enero hasta los US$3.617 millones en febrero. Parlamentarios han contrastado esta información con las declaraciones anteriores del ministro Jorge Quiroz, quien había sostenido que la caja recibida era extremadamente reducida, cifra que utilizó, entre otros argumentos, para justificar decisiones como la no aplicación plena del Mepco (Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles).
Diputados y senadores de sectores opositores al actual Gobierno han utilizado estas cifras para cuestionar la narrativa oficial sobre una supuesta “caja vacía” o escasez de recursos al momento del cambio de mando. “El reporte oficial de Dipres dice que el gobierno anterior dejó una caja de US$3.617 millones al cierre de febrero. Los datos son públicos. La mentira, también. ¿Qué dice ahora el ministro Quiroz?”, plantearon algunos legisladores en declaraciones recogidas en distintos medios.
Otra voz señaló que “el último informe de DIPRES lo dice clarito: 3.168 millones de dólares al cierre de febrero”, en referencia a posibles variaciones en la medición precisa de los activos, aunque el monto principal reportado se mantiene en US$3.617 millones.
Reacciones políticas y debate sobre transparencia fiscal
El informe de la Dipres ha intensificado el intercambio político entre oficialismo y oposición. Parlamentarios han exigido aclaraciones al ministro Jorge Quiroz respecto de las diferencias entre las cifras entregadas previamente y las publicadas oficialmente por el organismo técnico.
Desde sectores vinculados al Gobierno anterior, se ha enfatizado que los datos desmienten la idea de que el Estado quedó sin recursos suficientes, lo que habría servido de base para ciertas medidas económicas adoptadas en los primeros meses de la actual administración. “No se puede instalar la idea de que el país quedó sin recursos”, afirmó una senadora en alusión directa a las declaraciones sobre la caja fiscal heredada.
Por su parte, analistas y exfuncionarios han recordado que los saldos de caja fiscal pueden fluctuar mensualmente debido a factores como pagos pendientes, ingresos variables y operaciones de tesorería. Un excoordinador macroeconómico de Hacienda contextualizó la cifra como equivalente a aproximadamente un punto del PIB proyectado para 2026, aunque también se ha mencionado que el monto actual representa una disminución respecto de niveles históricos en periodos comparables de administraciones anteriores.
El gasto público acumulado entre enero y febrero registró una caída real del 1,9%, según los mismos datos de la Dipres, lo que algunos legisladores han interpretado como evidencia de una gestión ajustada en el inicio del año fiscal.
Implicancias para el debate económico
La publicación del reporte de la Dirección de Presupuestos reabre la discusión sobre la real liquidez del fisco y la transparencia en la comunicación de las finanzas públicas. Parlamentarios han insistido en la necesidad de que el Ejecutivo entregue explicaciones detalladas sobre las diferencias observadas entre las estimaciones iniciales y las cifras oficiales consolidadas.
El informe técnico de la Dipres se presenta como un documento público y verificable, que forma parte de la rendición de cuentas periódica del Estado chileno. Su difusión ha generado llamados a una evaluación más precisa de la situación fiscal, especialmente en un contexto donde se discuten prioridades de gasto, subsidios y estabilización de precios.
Hasta el momento, no se han registrado respuestas oficiales detalladas del ministro Jorge Quiroz o del Gobierno a los cuestionamientos surgidos tras la publicación del informe. La controversia se enmarca en el habitual debate político sobre la herencia recibida por cada nueva administración y el manejo responsable de los recursos fiscales.
Este caso refuerza la importancia de los reportes técnicos independientes emitidos por organismos como la Dipres, cuya función es entregar datos objetivos sobre la ejecución presupuestaria y los activos del Tesoro Público. La caja fiscal, entendida como la liquidez disponible para operaciones corrientes del Estado, continúa siendo un indicador clave en la evaluación de la salud financiera del país.
La polémica en torno a los US$3.617 millones reportados por la Dipres al cierre de febrero de 2026 pone de manifiesto las tensiones inherentes al traspaso de mando y la percepción pública sobre el estado real de las finanzas nacionales. Parlamentarios de distintos sectores coinciden en que corresponde al Ejecutivo aclarar las discrepancias para fortalecer la confianza en las instituciones fiscales chilenas.
