Parricidio en Punta Arenas: Condenada que mandó a matar a su esposo sale libre tras recibir $150 millones
La mujer condenada por el parricidio en Punta Arenas obtuvo la libertad condicional tras catorce años en prisión, reabriendo la polémica por el millonario pago retroactivo de su pensión de viudez.
Punta Arenas, Chile. El polémico caso de parricidio en Punta Arenas sumó un nuevo capítulo luego de que la autora intelectual del crimen abandonara el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, ubicado en Avenida Circunvalación, para cumplir el tramo final de su condena bajo el régimen de libertad condicional. La medida fue acordada por la comisión jurisdiccional del Poder Judicial, tras haber permanecido más de 14 años recluida por la muerte de su esposo, un suboficial en retiro del Ejército de Chile. Desde el ámbito penal aclararon que la salida del recinto no extingue la condena de 20 años dictada en 2013, sino que corresponde a una etapa de supervisión estricta.
El crimen se remonta al 29 de julio de 2012, cuando la mujer se coordinó con Sergio Esteban Escalona Chiguay para dar muerte a la víctima. El autor material pactó el ataque a cambio de un pago de dinero y citó al exmilitar en la ciudad mediante un perfil falso en redes sociales. Una vez dentro del vehículo, lo atacó con un arma blanca en el cuello, provocándole lesiones que le causaron la muerte horas después en el Hospital Clínico de Magallanes. Por este hecho, el ejecutor del ataque también fue condenado a 20 años de presidio por homicidio calificado.
La controversia por el millonario pago de la pensión
El beneficio penitenciario reactivó la indignación pública generada en mayo pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) restituirle la pensión de viudez derivada del fallecimiento de su cónyuge.
El fallo judicial obligó al organismo previsional a desembolsar cerca de $150 millones en pagos retroactivos acumulados desde 2017. La resolución se fundamentó en la inexistencia de una sentencia civil previa que declarara formalmente la indignidad o inhabilidad de la condenada para percibir dicho beneficio, situación que desencadenó un amplio rechazo social debido a su condición de responsable penal del parricidio.
