Sumarios en la Administración Central: Contraloría detecta 485 funcionarios suspendidos que siguen recibiendo sueldo
Una fiscalización del organismo reveló que 485 funcionarios públicos enfrentan sumarios en la Administración Central cobrando su remuneración, acumulando gastos millonarios.
Santiago, Chile. Una revisión realizada por la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 485 funcionarios públicos de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios en la Administración Central y continuaban recibiendo sus remuneraciones. Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 y corresponden a procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026, sin contemplar a trabajadores municipales.
La principal alerta del organismo fiscalizador apunta a la extensión temporal de estas medidas. De la totalidad de casos, 13 personas suman más de cuatro años suspendidas, mientras que otras 17 acumulan entre tres y cuatro años. En total, son 30 los trabajadores que superan los tres años apartados preventivamente de sus labores sin dejar de percibir sus ingresos.
Extensiones críticas y costo económico
El caso de mayor duración se registró en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), con una suspensión extendida por cuatro años y siete meses. Le siguen casos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y el SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
En materia económica, los diez casos con suspensiones más prolongadas representaron un gasto aproximado de $671 millones en sueldos. A su vez, datos cruzados con el Servicio de Impuestos Internos (SII) evidenciaron que 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante dicho período.
Medidas adoptadas para sumarios en la Administración Central
Ante estos hallazgos, la Contraloría General de la República determinó asumir directamente la tramitación de las 30 investigaciones correspondientes a las personas con más de tres años suspendidas, junto con evaluar responsabilidades por las demoras.
Respecto a otros 392 casos con suspensiones superiores a un año, las instituciones involucradas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para informar el estado de los procedimientos, justificar la continuidad de la medida preventiva o gestionar su pronta resolución.
