Contraloría exige devolución de $18,5 millones por labores no acreditadas de exministra en La Florida
El organismo fiscalizador cuestionó respaldos de trabajo de Cecilia Pérez durante 2024 y extendió observaciones a contratos con su exmarido y cuñada en la corporación municipal.
En la comuna de La Florida, Región Metropolitana de Chile, la Contraloría General de la República emitió un informe que concluye que parte de las labores realizadas por la exministra Cecilia Pérez durante 2024 no cuentan con los respaldos necesarios para acreditar su cumplimiento pleno. El organismo determinó que los informes presentados no permiten verificar que se desempeñara en todas las jornadas laborales de al menos cuatro meses, por lo que solicitó el reintegro de poco más de $18,5 millones a las arcas municipales. Además, extendió observaciones a pagos realizados a familiares de la exautoridad, contratados en la Corporación de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef).
Cecilia Pérez fue contratada en enero de 2024 bajo modalidad de honorarios como coordinadora del gabinete del entonces alcalde Rodolfo Carter, con un sueldo mensual bruto superior a los $4,6 millones. Sus funciones incluían coordinar el gabinete alcaldicio con la estructura municipal y gestionar relaciones institucionales. Según el informe de la Contraloría, los documentos entregados para justificar los pagos mensuales solo reportaban actividades en días específicos de ciertos meses: ocho jornadas en enero, dos en febrero, cinco en marzo y siete en septiembre. Esto, a juicio del ente fiscalizador, no acredita el cumplimiento total de las labores encomendadas, que además consideró propias de un funcionario de planta, lo que habría incumplido la normativa desde el inicio de la contratación.
Los informes revisados por el organismo, de dos a tres páginas, enumeran principalmente reuniones sostenidas, pero carecen de evidencias suficientes para respaldar el trabajo en el resto de los días del mes.
Observaciones a contratos con familiares
La auditoría no se limitó al contrato de la exministra. La Contraloría también cuestionó pagos a Carlos Contreras Mena, exmarido de Cecilia Pérez, contratado el 1 de octubre de 2023 en la Comudef. Los informes sobre sus funciones fueron calificados como genéricos, sin permitir acreditar el real cumplimiento de las tareas asignadas, por lo que se solicitó la devolución de $4,9 millones.
De igual forma, se objetaron $2,3 millones pagados a Marcela Gálvez Muñoz, cuñada de la exministra, por reajustes salariales que no se ajustaban a lo estipulado en su contrato original.
En total, las observaciones involucran montos que superan los $25 millones, derivados de contratos y pagos realizados durante la gestión del exalcalde Carter.
Respuesta de la Municipalidad de La Florida
Desde la Municipalidad de La Florida manifestaron discrepancia con la interpretación jurídica de la Contraloría. Indicaron que el debate no radica en si se prestaron o no los servicios, sino en el tipo y estándar de respaldos documentales exigidos para contratos a honorarios. Según el municipio, el organismo estaría aplicando un criterio superior al habitual, similar al requerido para funcionarios de planta o contrata, lo que incluiría reportes permanentes y exhaustivos, apartándose de la doctrina previa.
La administración comunal expresó confianza en subsanar las observaciones presentando nueva documentación en el plazo otorgado por la Contraloría, que incluye un proceso de seguimiento de 60 días. Afirmaron tener la convicción de evitar el reparo definitivo de cuentas, al justificar técnica y jurídicamente las contrataciones y pagos realizados. En este contexto, destacaron que el ente fiscalizador no cuestionó la totalidad de las labores desempeñadas por la exministra en 2024, sino solo días específicos repartidos en cuatro meses.
El informe final de investigación N° 375 de la Contraloría marca un nuevo capítulo en la fiscalización de contratos municipales en La Florida, destacando la necesidad de respaldos adecuados para justificar el uso de recursos públicos en modalidades de honorarios. El proceso administrativo continúa, con la posibilidad de que el municipio presente descargos y evidencias adicionales para revertir las observaciones iniciales.
Esta situación pone en relieve las exigencias del organismo contralor en materia de transparencia y rendición de cuentas en las administraciones locales, especialmente en contrataciones de alto perfil político. La resolución final dependerá de los antecedentes que se aporten en la etapa de seguimiento, evitando un reintegro definitivo si se logra acreditar plenamente las labores cuestionadas.
