Hasta 380 mil funcionarios públicos podrían beneficiarse de norma que restringe despidos en acuerdo de reajuste

Acuerdo del Ministerio de Hacienda genera controversia al rigidizar estatus de contratas en el sector público chileno

En Santiago, Chile, el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Hacienda con organizaciones sindicales para el reajuste salarial del sector público ha desatado una fuerte polémica, principalmente por una norma que establece restricciones a la no renovación de contratos a contrata, lo que podría beneficiar a cerca de 380 mil funcionarios.

El protocolo de acuerdo, que incluye un reajuste nominal de 3,4% para las remuneraciones en 2026, incorpora en su punto 14 disposiciones que exigen un acto administrativo fundado y con criterios objetivos para la no renovación de contratas en subsecretarías, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades. Además, permite a los trabajadores con al menos dos años de servicios continuos reclamar ante la Contraloría General de la República por vicios de legalidad en estos procesos.

Según estimaciones del economista David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, la medida rigidizaría el estatus laboral de casi 380 mil personas a contrata en el sector público. Bravo detalló que, solo en el Gobierno Central, hay alrededor de 294 mil contratas, a las que se suman unas 85 mil en municipalidades, alcanzando un total cercano a esa cifra cuando se incluyen otras reparticiones. Esto significaría añadir un grupo equivalente en rigidez al de los funcionarios de planta, que actualmente asciende a cerca de 245 mil en el Gobierno Central y municipalidades.

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) estima que los beneficiados podrían llegar a 400 mil. Su presidente, José Pérez Debelli, defendió la norma al indicar que busca evitar la “discrecionalidad abusiva” en los despidos y no constituye un “amarre”, sino una demanda histórica para proteger el trabajo decente y prevenir que los funcionarios se conviertan en “botín político del gobierno de turno”. Pérez Debelli recordó casos como los más de 11 mil despidos ocurridos en 2010, según datos del gremio.

Reacciones de la oposición y tensiones políticas

Desde la oposición, la medida ha sido calificada como un “amarre” administrativo que dificultaría ajustes en el aparato estatal para el próximo gobierno. Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y cercano al presidente electo José Antonio Kast, advirtió que el acuerdo podría “dinamitar” la relación con el actual Ejecutivo, describiéndolo como una “señal de alerta muy delicada” que rompe códigos fundamentales.

Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast se refirió al tema señalando que “si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”, mientras enfatizó que su compromiso es con el país. Parlamentarios como el diputado Frank Sauerbaum (RN) y Agustín Romero (Partido Republicano) criticaron la norma por buscar proteger a operadores políticos y rigidizar indebidamente la administración pública.

El Gobierno, a través de la ministra vocera Camila Vallejo y el ministro de Hacienda Nicolás Grau, rechazó las acusaciones de “amarre”. Vallejo sostuvo que la disposición solo busca evitar arbitrariedades y despidos injustificados en funcionarios de carrera, sin afectar a cargos de exclusiva confianza. Grau agregó que no impide ajustes en el Estado y que el nuevo Presidente tendrá espacio para designar a su equipo de confianza.

La controversia se enmarca en el contexto de transición gubernamental, donde la norma entraría en vigencia durante la próxima administración. El proyecto de ley de reajuste aún debe ser ingresado al Congreso Nacional para su discusión y aprobación, lo que anticipa un debate intenso en las comisiones de Hacienda.

Esta medida, que formaliza criterios ya presentes en dictámenes de la Contraloría y fallos judiciales, busca equilibrar la estabilidad laboral con la eficiencia del Estado, aunque ha generado divisiones profundas entre oficialismo, oposición y gremios. El impacto fiscal y administrativo de rigidizar cerca de 380 mil contratas pone en el centro del discusión la modernización del empleo público en Chile, un tema pendiente en múltiples administraciones.