Amarre? Boric nombra a Patricia Muñoz como directora de nuevo servicio de justicia pese a su embarazo avanzado
El Presidente Gabriel Boric designó a la abogada Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, en un contexto marcado por críticas de la oposición que lo califican como un «amarre» ante la licencia médica prolongada que enfrentará la profesional.
En Santiago, Chile, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció la designación de la abogada Patricia Muñoz como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, un nuevo organismo aprobado por el Congreso en octubre de 2025 y que reemplazará a la Corporación de Asistencia Judicial. Este servicio tiene como principal función garantizar orientación, asesoría y representación legal a personas vulnerables que no pueden costear un abogado privado, especialmente víctimas de delitos.
El nombramiento se produce en las semanas finales de la administración Boric, a pocos meses de la asunción del presidente electo José Antonio Kast, y ha generado controversia debido a que Muñoz se encuentra en un estado de embarazo avanzado. Esto implica que la nueva directora hará uso de una licencia médica prenatal y postnatal, que podría extenderse por al menos seis meses, período durante el cual no asumiría efectivamente las funciones del cargo.
Críticas de la oposición por presunto «amarre»
La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) reaccionó rápidamente ante la designación, ingresando un oficio de fiscalización a la Contraloría General de la República para que evalúe la legalidad y eficacia administrativa del nombramiento. Los parlamentarios, liderados por el jefe de bancada Frank Sauerbaum y la subjefa Carla Morales Maldonado, argumentaron que las remuneraciones públicas se devengan solo desde que el funcionario asume efectivamente el cargo, y que una licencia médica preexistente podría obstaculizar tanto el perfeccionamiento del vínculo estatutario como el pago de estipendios con fondos fiscales.
Sauerbaum fue enfático en sus críticas, señalando que «el presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado». Agregó que la izquierda, durante años, denunció las denominadas «leyes de amarre» impulsadas en el pasado, y que ahora «se ponen a la misma altura» con prácticas similares. Los diputados de RN ven en esta designación un intento de asegurar la permanencia de figuras cercanas al oficialismo en cargos públicos clave, dificultando eventuales remociones por parte del próximo gobierno.
Este episodio se enmarca en un debate más amplio sobre presuntos «amarres» en el sector público al cierre de la administración Boric, que incluye acuerdos en reajustes salariales y otras designaciones realizadas en las últimas semanas.
Trayectoria de la designada
Patricia Muñoz, exdefensora nacional de la Niñez entre 2018 y 2023, ha mantenido canales de diálogo con diversos sectores políticos, incluyendo al Presidente Boric durante su campaña y figuras de la oposición. En 2024, fue incorporada como abogada integrante en la Corte de Apelaciones de San Miguel por propuesta del Ministerio de Justicia. Fuentes cercanas confirmaron el nombramiento, aunque desde el Ministerio de Justicia indicaron que la información oficial se entregaría en el momento oportuno.
El nuevo servicio representa un avance en el acceso a la justicia para sectores vulnerables, al centralizar funciones de defensoría de víctimas y asistencia judicial gratuita. Sin embargo, el timing de la designación y las circunstancias personales de la directora han centrado la atención en las implicancias para la transición gubernamental.
Hasta el momento, desde La Moneda no ha habido una respuesta oficial a las críticas de la oposición respecto a este nombramiento específico. El contexto de fin de mandato añade tensión a la relación entre el gobierno saliente y el entrante, en un período donde se multiplican las acciones administrativas para consolidar reformas y estructuras institucionales.
Esta designación se suma a otras decisiones recientes que han sido interpretadas por sectores opositores como mecanismos para proteger cargos públicos, en un escenario donde el próximo Ejecutivo ha manifestado intenciones de revisar y ajustar la planta estatal. La Contraloría deberá ahora pronunciarse sobre la consulta presentada por RN, lo que podría aclarar los límites legales en nombramientos bajo condiciones de licencia médica prolongada.
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas busca fortalecer el apoyo a víctimas de delitos violentos y garantizar equidad en el sistema judicial, objetivos que fueron destacados durante su tramitación legislativa. No obstante, el debate actual pone el foco en la gobernabilidad y las prácticas de traspaso de poder en el país.
