Revocan sobreseimiento de Boric: “No parece justificado” usar fondos fiscales para su abogado personal
Duro revés judicial para el Mandatario: tribunal cuestiona necesidad pública de trato directo por $13.800.000 y reabre investigación por contratación de Jonatan Valenzuela en defensa personal ligada a caso casa Allende.
Santiago, Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este jueves el sobreseimiento definitivo que pesaba sobre el presidente Gabriel Boric en una causa penal por presunta malversación de caudales públicos, originada en la contratación mediante trato directo de un abogado privado para su defensa personal. El fallo unánime cuestiona duramente la justificación del gasto fiscal en esta contratación, argumentando que existían alternativas institucionales gratuitas o con cargo al patrimonio propio del imputado, y ordena reabrir la investigación.
El caso se remonta a la contratación, hace aproximadamente un año, del abogado Jonatan Valenzuela Saldías por un monto de $13.800.000 a través de fondos de la Presidencia de la República. El objetivo era que Valenzuela representara a Boric en una querella relacionada con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, causa que permanece pendiente en tribunales. La querella por malversación fue ingresada por la Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el abogado Raimundo Palamara, quien alegó irregularidades en el uso de recursos públicos para financiar una defensa particular.
En noviembre de 2025, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había dictado el sobreseimiento definitivo a petición del Ministerio Público, que se había adherido a los argumentos de la defensa. La jueza Pilar Ahumada sostuvo entonces que los hechos denunciados no constituían delito, ya que se ligaban indebidamente a la causa principal sobre la compraventa de la casa de Allende —aún no juzgada— y que los actos administrativos de la contratación se ajustaban a la normativa, según dictámenes de Contraloría.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones acogió la apelación de Raimundo Palamara y revocó esa decisión, considerando que los antecedentes no alcanzan el grado de convicción necesario para un sobreseimiento definitivo, el cual genera efecto de cosa juzgada y pone término a la causa.
Fallo cuestiona necesidad pública y alternativas institucionales
El tribunal, en fallo redactado por el abogado integrante Rafael Plaza, argumentó que los dictámenes de Contraloría —que validaron la contratación— no sustituyen ni condicionan el juicio penal sobre si la conducta configura delito. “El examen administrativo no otorga la capacidad de sustituir o condicionar el juicio penal acerca de si la conducta puede configurar un delito”, señala la resolución.
El punto central del cuestionamiento radica en la falta de “necesidad pública” para el trato directo. La Corte enfatizó que la Presidencia de la República, al actuar bajo la personalidad y recursos del Fisco, contaba con opciones institucionales de defensa jurídica. “No aparece, a primera vista, justificada por una necesidad pública, en la medida que la Presidencia de la República en cuanto tal —al ser parte de la Administración centralizada del Estado, carecer de personalidad jurídica y patrimonio propios— actúa bajo la personalidad y los recursos del Fisco— contó efectivamente con alternativas de defensa jurídica institucional”, sostiene el fallo.
Entre esas alternativas, el tribunal mencionó explícitamente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para la asesoría institucional del Estado, y a la Defensoría Penal Pública de forma gratuita en caso de imputación personal. También planteó que, ante un “señalamiento personalizado” como el de la querella, el afectado podía optar por contratar defensa privada “con cargo a su propio patrimonio”.
Además, la Corte indicó que, al estar pendiente la causa principal sobre la compraventa de la casa de Allende, no procedía sobreseer la causa anexa por malversación, ya que la valoración de los hechos imputados depende del desenlace de aquella investigación.
Impacto político y judicial: Boric vuelve a calidad de imputado
Con la revocación, Gabriel Boric mantiene su calidad de imputado en la causa. El Ministerio Público deberá reabrir la investigación y continuar con las diligencias pendientes. La decisión fue comunicada el miércoles al Séptimo Juzgado de Garantía, que emitió una resolución de cumplimiento.
Este fallo representa un significativo revés judicial para el Mandatario en un año marcado por diversas controversias administrativas y políticas. La contratación cuestionada ocurrió en el contexto de la defensa ante una querella que vinculaba actos presidenciales con presuntas irregularidades, y la revocación reaviva el escrutinio sobre el uso de fondos fiscales en asuntos de carácter personal.
La resolución no constituye una condena ni un pronunciamiento de fondo sobre la existencia del delito, sino que devuelve la causa a tramitación para que se profundice la indagatoria. No se mencionan reacciones inmediatas de La Moneda, el Ministerio Público ni de los querellantes tras la notificación.
El caso ilustra las tensiones entre el control administrativo (avalado por Contraloría) y el escrutinio penal, destacando que la aprobación de legalidad en sede administrativa no exime automáticamente de responsabilidad penal cuando se cuestiona el destino de caudales públicos. La reapertura de la investigación podría extenderse en el tiempo, dependiendo de las nuevas diligencias que ordene el fiscal a cargo.
