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Sociedad de suegra y cuñados de Camila Vallejo facturó $1.209 millones a hospital público

La familia política de la exministra omite nombres en su Declaración de Intereses mientras la sociedad médica triplica su facturación al Estado durante el gobierno de Boric.

En Chillán, Chile, una sociedad vinculada a la familia de Camila Vallejo facturó $1.209 millones al Hospital Clínico Herminda Martín durante los cuatro años del gobierno del Presidente Gabriel Boric, según datos de Mercado Público.

La información surge de una investigación de El Líbero que pone en evidencia vínculos comerciales y omisiones en las declaraciones públicas de la exsecretaria de Estado. La sociedad “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada” opera prestando servicios médicos, principalmente oftalmológicos, al recinto de salud de Ñuble.

Omisión en la Declaración de Intereses

Mientras fue ministra, Camila Vallejo (PC) insistió en varias ocasiones en la necesidad de avanzar en probidad y transparencia, especialmente tras casos como el de convenios con fundaciones. Sin embargo, en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) disponible en infoprobidad.cl no aparecen los nombres de su suegra ni de todos sus cuñados, pese a que la Ley 20.880 obliga a incluir parientes por afinidad hasta el segundo grado.

La exministra está casada con el músico y actor Abel Ernesto Zicavo San Martín. Hasta 2018, él fue socio mayoritario de la sociedad que hoy controlan su madre (Andrea Colomba San Martín Palma, médico oftalmólogo), sus hermanos Claudio Camilo Zicavo San Martín y Valeria Andrea Zicavo San Martín, y el esposo de la madre, Osvaldo Armando Aguiló Melo.

Desde el entorno de Vallejo explicaron a El Líbero que se rectificó la DIP, que su cónyuge ya no participa en la sociedad y que “tal como aparece en la página de Mercado Público, es una sociedad médica que opera en la plataforma, que cuenta con registros que son públicos y transparentes”. Hasta el cierre del reportaje original, la declaración pública aún no incluía todos los nombres exigidos.

Los números de las facturas

En los últimos 15 años, la sociedad emitió facturas al Hospital Herminda Martín por más de $2.156 millones. El 56% de ese total —exactamente $1.209.142.236— corresponde al período del gobierno de Boric, con 53 boletas aceptadas.

La empresa se dedica a prestación de servicios profesionales en medicina, especialmente oftalmología, a través de licitaciones públicas. Parte importante de su actividad se concentra en ese hospital, donde la suegra de Vallejo incluso trabajó a contrata en años previos.

Cuestionamientos a la transparencia

Expertos consultados destacan que la omisión no es un detalle formal. Jorge Jaraquemada, ex presidente del Consejo para la Transparencia, señaló: “La omisión de la exministra Vallejo de consignar a estos parientes no es un detalle meramente formal, pues la DIP deja de cumplir su función si la información relevante está fragmentada o derechamente ausente”.

Agregó que esta situación “debilita la trazabilidad” e “instala la sospecha de que los mecanismos se cumplen ‘en la forma’, pero no ‘en el fondo’”. La carga de la transparencia, según él, recae en la autoridad.

La investigación también menciona posibles vínculos familiares dentro del servicio de oftalmología del hospital, incluyendo al jefe del servicio Raúl San Martín Geisse, quien ha participado en comisiones evaluadoras de licitaciones ganadas por la sociedad y aparece como prestador subcontratado en algunas. Ambos médicos comparten apellidos y son socios en otra empresa. El Líbero consultó al hospital sobre eventuales irregularidades, pero al cierre no obtuvo respuesta.

Respuesta y contexto

Desde el círculo de Camila Vallejo reiteran que el esposo salió de la sociedad en 2018, antes de que ella asumiera cargos de gobierno, y que todos los contratos son públicos. La exministra, por estos días en un encuentro internacional en Uruguay, no ha emitido declaraciones directas sobre este reporte.

Este caso reabre el debate sobre los estándares de declaración de intereses de las autoridades y cómo se gestionan los posibles conflictos cuando familiares cercanos contratan con el Estado. La sociedad “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada” sigue operando con normalidad en Mercado Público.

La información se basa exclusivamente en la investigación publicada por El Líbero este 15 de mayo de 2026. Según la ley, las declaraciones de intereses buscan prevenir conflictos y permitir escrutinio público, un principio que la propia exministra ha defendido en otras oportunidades. Los hechos expuestos plantean preguntas concretas sobre cumplimiento formal y percepción de transparencia en la función pública.

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