Auditoría al Gobierno de Boric detecta $1,4 billones en fondos a fundaciones sin rendición acreditada
La revisión impulsada por la actual administración de José Antonio Kast arrojó que, de un universo superior a los $5,4 billones transferidos a estas entidades entre 2022 y 2026, una parte importante carece de respaldo. El informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal encendió las alarmas políticas y obligó a ordenar investigaciones específicas en cuatro ministerios.
Santiago, Chile. El manejo de los recursos públicos durante el período presidencial anterior entró formalmente en una zona de turbulencia institucional. El tercer informe emitido por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal reveló que más de $1,4 billones transferidos a distintas fundaciones entre los años 2022 y 2026 no registran una rendición acreditada. La cifra representa un porcentaje crítico si se considera que el universo total de fondos estatales sujetos a revisión y entregados a estas organizaciones supera los $5,4 billones.
La situación fue expuesta detalladamente por la subsecretaria de la Segpres y presidenta de la instancia fiscalizadora, Constanza Castillo, quien catalogó el hallazgo como uno de los puntos más complejos detectados hasta la fecha. «Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que estos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos», remarcó la autoridad, adelantando que el paso siguiente consistirá en examinar de forma individual cada convenio para discernir si existió una omisión en la entrega de documentos, rechazos técnicos, fallas en los servicios públicos mandantes o derechamente incumplimientos contractuales que deban ser derivados a los tribunales u otros estamentos competentes.
Los focos críticos del gasto público
El desglose del documento técnico apunta con precisión a los organismos sectoriales que concentran la mayor cantidad de dineros sin el debido respaldo de ejecución. En este ítem, los servicios que presentan la proporción más alta de saldos pendientes son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y la Subsecretaría de Agricultura.
Sin embargo, el flanco que genera mayor suspicacia política e institucional radica en el comportamiento de las organizaciones de carácter más reciente. De acuerdo con los datos recabados por el comité, en el transcurso del cuadrienio auditado surgieron 177 nuevas fundaciones que obtuvieron un financiamiento fiscal conjunto por sobre los $11 mil millones. De ese pozo original, más de $6.500 millones —lo que equivale aproximadamente al 60% de la torta de recursos asignada— carecen por completo de una rendición debidamente acreditada. El escenario se vuelve todavía más complejo al constatarse que 79 de estas nuevas entidades ni siquiera registran un solo movimiento de rendición ingresado en los sistemas públicos, a pesar de haber percibido los aportes estatales.
Debido al volumen de las discrepancias financieras, la instancia resolvió abrir investigaciones específicas y focalizadas en carteras ministeriales clave: Deporte, Agricultura, Energía y Salud. La determinación responde a la necesidad de evaluar responsabilidades administrativas internas ante las severas alertas de control detectadas.
Indagatorias sectoriales y adjudicaciones directas
En el Ministerio del Deporte, la mira estará puesta directamente sobre el Instituto Nacional de Deportes, examinando sus mecanismos de administración y los flujos de transferencias. Por su parte, la revisión en el Ministerio de Energía se concentrará en la Agencia de Sostenibilidad Energética, donde los auditores indagarán las contrataciones, la ejecución presupuestaria de los programas y el cumplimiento real de las metas trazadas. En Agricultura se pondrá la lupa sobre la regularidad de los contratos y las compras ejecutadas por los organismos ejecutores medianeros, mientras que en el Ministerio de Salud la fiscalización se centrará en los procesos de adquisición directa levantados por las subsecretarías y los servicios de salud dependientes.
“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, recalcó Constanza Castillo al argumentar las razones de la ofensiva fiscalizadora.
El informe sembró además dudas sobre las modalidades generales de abastecimiento de la administración pasada. El Gobierno de José Antonio Kast consignó en este tercer reporte que un monto global de $7,1 billones en compras estatales fue adjudicado omitiendo el mecanismo de licitación pública durante el tramo temporal que va de 2022 a 2026, posicionándose como otro de los pilares del cuestionamiento a la gestión previa.
Reacciones cruzadas en el escenario civil y legislativo
Las conclusiones de la auditoría despertaron inmediatas repercusiones en el debate público. Desde el mundo de las organizaciones civiles, el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, calificó la falta de rendición de los $1,4 billones como un hecho «inaceptable» que exige ser esclarecido mediante indagatorias rigurosas. Con todo, el dirigente gremial matizó que la falencia estructural responde a la falta de herramientas de fiscalización del aparato estatal y no al modelo de cooperación público-privado. Birrell recordó que millones de ciudadanos dependen de la labor de la sociedad civil organizada, por lo que el camino correcto es optimizar la trazabilidad digital y la rendición de cuentas en lugar de desmantelar las alianzas.
En el Parlamento, la bancada del Partido de la Gente reaccionó anunciando la presentación de oficios ante la Contraloría General de la República. La acción legislativa busca que el órgano de control evalúe la metodología técnica utilizada por el comité gubernamental, verifique el alcance real de las objeciones y determine si cabe aplicar sanciones administrativas a los funcionarios involucrados.
Los diputados de dicha colectividad manifestaron que los resultados de la auditoría evidencian una debilidad profunda en el resguardo de la caja fiscal. Junto con proponer la implementación de una trazabilidad digital obligatoria y permanente para todas las remesas del fisco, los parlamentarios enfatizaron su postura de rigor técnico: “Cada peso que sale del bolsillo de los chilenos debe poder ser trazado hasta su destino final”, sentenciaron de manera conjunta, exigiendo una política estricta frente a las anomalías presupuestarias detectadas.
#InspecciónTotal sigue avanzando. En el tercer reporte del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal: nuevas alertas transversales del período 2022-2026, con $7,1 billones en compras adjudicadas sin licitación pública entre sus principales hallazgos. Desliza para ver los números… pic.twitter.com/DxMoo74Qr2
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 1, 2026
