Abogado Raimundo Palamara acusa impunidad de poderosos tras polémico cierre de la causa por casa de Allende
El querellante arremetió contra el fiscal Patricio Cooper por decidir no perseverar en la indagatoria sobre la fallida compra de la propiedad del expresidente, asegurando que se protegió a influyentes figuras políticas en el cierre de la causa por casa de Allende.
Santiago, Chile. «Con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional», disparó con dureza el abogado querellante Raimundo Palamara tras conocerse la última resolución judicial. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes el polémico cierre de la causa por casa de Allende, una investigación penal que buscaba esclarecer las presuntas irregularidades y el uso de recursos públicos detrás de la fallida compra de la histórica residencia del exmandatario Salvador Allende. La determinación provocó un inmediato remezón en el ámbito político y judicial, clausurando una de las carpetas más complejas del último tiempo.
El conflicto de fondo radica en el gasto de recursos fiscales invertidos en un contrato que, según la acusación del jurista, resultaba completamente inviable desde su origen. De acuerdo con los antecedentes del caso, la operación involucró el despliegue y trabajo de más de 50 funcionarios públicos, cuyas labores apuntaban a sellar un trato que presuntamente pretendía asegurar un negocio de carácter indefinido en favor de la familia Allende, canalizado directamente a través de sus fundaciones de carácter privado.
Un mecanismo que «ata las manos»
El foco de las críticas de Raimundo Palamara apunta en línea recta hacia la gestión del fiscal Patricio Cooper. El persecutor del Ministerio Público resolvió aplicar la facultad de no perseverar en el procedimiento, una herramienta legal que el abogado querellante cuestionó con severidad por transformarse en un hábito administrativo que elude la revisión profunda de los hechos. A su juicio, este tipo de cierres en investigaciones que no han sido formalizadas deja a los querellantes con las manos atadas, impidiendo de forma deliberada que los tribunales resuelvan si existió o no un delito con características penales.
En sus argumentos, el profesional detalló que la decisión del fiscal Cooper adoleció de una falta absoluta de estudio serio y objetividad, acusando que el Ministerio Público no realizó una cuantificación precisa del daño patrimonial causado al fisco durante las tratativas del contrato, así como tampoco un análisis riguroso de la prueba que ya había sido rendida. El querellante recordó que dentro de los antecedentes constaban presiones directas ejercidas por asesores parlamentarios de la exsenadora Isabel Allende ante la Contraloría para forzar una toma de razón favorable del contrato. Dichas maniobras, según Palamara, coinciden con las declaraciones previas del exasesor presidencial Miguel Crispi, quien en su momento deslizó que las presiones políticas llegaron incluso hasta el portero de la Presidencia de la República.
El término de esta indagatoria deja una profunda crisis sobre el rol de las instituciones en la persecución penal. Según la tesis expuesta por el abogado, la Constitución establece que la Fiscalía posee la exclusividad del diseño de la investigación, pero no el monopolio de la acción penal, un derecho que también le asiste a los ciudadanos mediante la figura del querellante. Con el archivo definitivo de los antecedentes, el jurista lamentó que situaciones graves terminen archivadas por secretaría bajo la firma de un fiscal, extinguiendo responsabilidades mediante el avance de los plazos de prescripción y provocando que, bajo su mirada de cronista judicial, el pueblo pierda nuevamente frente a los poderosos de siempre.
