Padre e hijo oncólogos derivaban pacientes del hospital público a su centro privado
Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco, según auditoría que detectó accesos indebidos a fichas y falta de consentimientos.
En Temuco, Chile, la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena que involucran a dos médicos oncólogos, padre e hijo, y derivó los antecedentes a la justicia.
El Informe Final N°887/2025 de la Contraloría Regional de La Araucanía confirma que Eduardo y Patricio Yáñez, funcionarios del hospital e integrantes del Comité Oncológico, derivaron pacientes oncológicos hacia un centro de investigación clínica privado del cual eran propietarios. Según el documento, estas acciones no se ajustaron a la normativa vigente.
“Utilizaron información clínica relevante de los pacientes, dado que en virtud de los cargos que ostentaban”, señala el informe. Los médicos contaban con acceso a datos sensibles por su rol en el comité, lo que permitió las derivaciones hacia su clínica.
Derivaciones y participación irregular en comité
La auditoría estableció que, pese a haber dejado formalmente el Comité Oncológico en noviembre de 2023, ambos profesionales continuaron participando en sus sesiones. Esto vulneró normas sobre confidencialidad de datos sensibles de pacientes, incluido el reglamento de la Ley del Cáncer.
La Contraloría constató accesos indebidos a fichas clínicas por parte de los propios médicos y de personas vinculadas al centro privado. Además, se registraron solicitudes y retiros de biopsias sin ser los tratantes responsables, retiros de muestras por personal externo y la incorporación de informes médicos del centro privado a las fichas del hospital.
No se encontraron consentimientos informados de los pacientes para su participación en eventuales ensayos clínicos, un punto que genera especial preocupación por el impacto directo en las personas afectadas.
Fallas de control interno y acceso prolongado
Uno de los hallazgos más llamativos es el caso de una exfuncionaria del hospital cuya cuenta de acceso al sistema de fichas clínicas digitales permaneció activa hasta el 30 de agosto de 2024, pese a haber cesado sus funciones en abril de 2021. Esta situación permitió el acceso indebido a registros de 765 pacientes.
Además, de 1.555 profesionales que accedieron a fichas clínicas de una muestra revisada, 570 (el 37%) no registraban vínculo laboral con la Administración del Estado.
La Contraloría advirtió fallas estructurales: falta de procedimientos internos claros para regular estudios o investigaciones en seres humanos fuera del hospital, deficiencias en la supervisión del Comité Oncológico y escaso resguardo de la información clínica. Estos vacíos, según el informe, propiciaron las irregularidades detectadas.
“Denotan la utilización de posiciones de liderazgo para favorecer intereses particulares”, concluye el organismo fiscalizador, en un contexto que podría configurar transgresiones a la probidad administrativa.
Reacciones y próximos pasos
El propio hospital había presentado una denuncia ante el Ministerio Público en noviembre de 2023, tras una investigación sumaria interna. En un comunicado, el recinto valoró el rol de la Contraloría y aseguró que colaborará con las investigaciones en curso, mientras fortalece sus controles internos.
La Contraloría remitió los antecedentes al hospital, al Servicio de Salud Araucanía Sur, al subsecretario de Redes Asistenciales y al Congreso, además de derivarlos a la Fiscalía para que evalúe posibles responsabilidades penales. Un sumario administrativo iniciado por el establecimiento en 2021 se encuentra en etapa de descargos e incorporará los nuevos hallazgos.
Este caso pone en evidencia las tensiones que pueden surgir cuando funcionarios públicos manejan información privilegiada y mantienen intereses en el sector privado, especialmente en un área tan sensible como la oncología. Pacientes del sistema público esperaban tratamientos en el principal hospital de La Araucanía, mientras se detectaban estas derivaciones.
La auditoría no solo cuestiona las acciones individuales, sino también los mecanismos de control institucional que fallaron en prevenir o detectar a tiempo estas situaciones. Mientras avanza la investigación judicial, el foco está en cómo se protegen los datos y la confianza de quienes acuden al sistema público de salud en Temuco.
El informe completo refuerza la necesidad de mayores resguardos en la gestión oncológica y en el uso de información clínica, un debate que trasciende este caso específico en la Región
