Bloqueada la querella por injurias, contra Gabriel Boric, La Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó el fuero por ser expresidente
La instancia judicial confirmó que el exmandatario goza de fuero constitucional desde el 11 de marzo de 2026, impidiendo tramitar la acción penal en su contra por ahora en Copiapó, Chile.
En Copiapó, Chile, la Corte de Apelaciones confirmó este viernes el fuero que protege a Gabriel Boric en su calidad de expresidente de la República, en el marco de una querella por injurias presentada en su contra. El fallo respalda la decisión previa del Juzgado de Garantía local, que rechazó admitir a trámite la acción judicial debido a la inminente adquisición de esta protección constitucional tras el término de su mandato el 11 de marzo de 2026.
La querella había sido interpuesta por Daslav Mihovilovic, ex director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, quien acusaba al entonces presidente de injurias graves con publicidad. La acción se originó a partir de declaraciones públicas de Boric en redes sociales, donde lo calificó como una de las personas “más descriteriadas” que había conocido, en referencia a hechos relacionados con el aniversario del SLEP y supuestos usos de recursos.
Antecedentes de la querella y rechazo inicial
La querella por injurias fue ingresada el 27 de febrero de 2026 ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, representada por el abogado Raimundo Palamara. El querellante argumentaba que las afirmaciones del mandatario eran “objetivamente falsas y deshonrosas”, y que se apartaban del contexto oficial para constituir un ataque personal sin sustento. Solicitaba una condena de 3 años de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 UTM, considerando el delito de injurias graves con publicidad.
Sin embargo, el juzgado rechazó admitir a trámite la querella. El juez fundamentó su resolución en que, aunque los presidentes en ejercicio no cuentan con fuero, Gabriel Boric dejaría el cargo en pocos días. Por lo tanto, al momento de programar la audiencia de procedimiento simplificado —que debía realizarse entre 20 y 40 días después de la resolución—, el querellado ya habría adquirido la calidad de expresidente. Esto activaría la exigencia de desafuero según el artículo 61 inciso 2° de la Constitución Política de la República.
“El querellado [Boric] adquirirá la calidad de ex Presidente de la República, circunstancia que hace procedente a su respecto la exigencia del desafuero establecido en el artículo 61 inciso 2° de la Constitución Política de la República”, sostuvo el magistrado en esa oportunidad.
Ante el rechazo, la defensa de Mihovilovic presentó un recurso de reposición insistiendo en que la querella se ingresó cuando Boric aún no gozaba de fuero, y que la ley no contempla la nulidad ni paralización automática por la adquisición posterior de esta prerrogativa.
Confirmación del fuero en segunda instancia
La Corte de Apelaciones de Copiapó desestimó el recurso y confirmó íntegramente la resolución del tribunal de primera instancia. En su fallo, la corte argumentó que era un hecho de público conocimiento el término del mandato presidencial el 11 de marzo de 2026.
“Al ser un hecho de público conocimiento que el señor Gabriel Boric Font terminaba su mandato como Presidente de la República de Chile el 11 de marzo del 2026, es palmario que al tiempo de la audiencia respectiva gozará del fuero consagrado constitucionalmente en su calidad de Ex Presidente de la República”, arguyó la corte.
Además, el fallo invocó el principio in dubio pro reo, que obliga a optar por la interpretación más favorable al acusado en caso de duda, reforzando la protección constitucional del exmandatario.
Este revés judicial representa un duro golpe para el querellante, ya que impide avanzar en el procedimiento penal ordinario contra Gabriel Boric sin antes obtener el desafuero correspondiente ante la instancia competente. El fuero como expresidente, consagrado en la Constitución, busca proteger a los exjefes de Estado de acciones judiciales que puedan interferir en su labor pasada o generar inestabilidad institucional.
Hasta el momento no se han registrado reacciones públicas inmediatas de las partes involucradas tras la confirmación del fallo. La querella queda en suspenso mientras no se tramite el eventual desafuero, lo que podría prolongar significativamente cualquier persecución penal en esta materia.
