¿Cárcel por rucos? Buscan tipificar como delito la ocupación de espacios públicos
Un grupo de parlamentarios propone modificar el Código Penal para establecer penas de hasta 540 días de presidio a quienes pernocten e instalen estructuras en bienes públicos, aplicando además la flagrancia permanente para realizar detenciones inmediatas.
“¡Quién altera la paz, el orden, la limpieza, la seguridad y la tranquilidad en nuestros barrios debe ir a la cárcel!”, afirmó con dureza la diputada Claudia Mora Vega, visibilizando una realidad que golpea a miles de vecinos en el país. El debate por la recuperación de los espacios comunes sumó un capítulo de alto impacto en el Congreso, mediante un proyecto de ley que apunta directamente a terminar con la proliferación de los denominados rucos, convirtiendo esta práctica en un delito con penas de cárcel efectiva y facultades de detención inmediata para las policías.
Santiago, Chile. La presencia de asentamientos precarios en plazas, paraderos y áreas verdes se ha transformado en un dolor de cabeza crónico para las distintas administraciones locales. La iniciativa legal, que cuenta entre sus firmantes a la diputada Claudia Mora Vega, ingresó formalmente a trámite legislativo con un diagnóstico complejo: las herramientas actuales de la ley de usurpaciones quedaron chicas ante un fenómeno que se tomó las calles de manera parcial pero persistente. Según las estadísticas expuestas en los antecedentes de la moción, los primeros meses de 2025 arrancaron con un catastro alarmante que superó los 21.000 rucos en todo el territorio nacional, reflejando un incremento del 6% en comparación al periodo anterior.
El nudo ciego de los municipios
La normativa vigente, amparada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, obliga a los equipos locales a hacerse cargo del aseo, el ornato y el orden de los bienes nacionales de uso público. Sin embargo, los alcaldes y sus funcionarios se enfrentan a un círculo vicioso. Al no existir una figura delictiva clara para estos casos, el personal municipal solo puede conminar a las personas en situación de calle a deshabitar el lugar. El resultado es conocido por cualquier vecino: las estructuras son retiradas y, a las pocas horas, vuelven a levantarse exactamente en el mismo punto.
La propuesta legal argumenta que este escenario genera una desprotección profunda. La ocupación con rucos no siempre implica la toma de un terreno agrícola o habitacional privado, sino el uso indebido de infraestructura urbana compartida, afectando también a recintos privados de libre acceso como cajeros automáticos o servicentros. Los parlamentarios impulsores sostienen que detrás de estas conductas subyace un evidente desvalor social que arrastra consigo incivilidades complejas como focos de insalubridad, delincuencia, consumo de drogas y receptación de especies robadas, además de situaciones ligadas al deterioro de la salud mental.
Sanciones y detenciones en el acto
Para destrabar esta situación, el proyecto busca introducir el artículo 462 ter en el Código Penal. El texto propone que quien ocupe total o parcialmente un bien público o de libre acceso para habitar o pernoctar, interviniéndolo u obstaculizando su uso normal, reciba una sanción que va desde los 61 a los 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Si el infractor es reincidente, la iniciativa legal estipula que se excluirá el tramo mínimo de la pena, elevando el castigo de forma automática.
La gran llave operativa de esta reforma se encuentra en la modificación propuesta al artículo 134 del Código Procesal Penal. Los legisladores buscan establecer que este ilícito sea calificado como un delito de flagrancia permanente. Esto significa que, técnicamente, el delito se sigue cometiendo cada minuto que la estructura permanezca en pie. De aprobarse el cambio legal, Carabineros y la PDI quedarán facultados para detener a los ocupantes en cualquier momento y sin necesidad de una orden judicial previa, terminando con la impotencia administrativa que acusan las municipalidades y buscando devolver la tranquilidad a los barrios afectados.
