Contraloría abre sumario por contrato en el Sótero del Río
La Contraloría detectó que el Hospital Sótero del Río firmó un contrato por más de $680 millones con una empresa vinculada a un médico del propio recinto, lo que motivó un sumario administrativo y una fiscalización.
Puente Alto, Región Metropolitana, Chile. Un contrato por más de $680 millones encendió las alertas en el Hospital Sótero del Río, luego de que la Contraloría General de la República detectara posibles irregularidades en su adjudicación. El organismo anunció el inicio de un sumario administrativo y una fiscalización para esclarecer responsabilidades.
El foco está en un acuerdo firmado por el recinto asistencial para la prestación de servicios médicos especializados en traumatología. El problema no es solo el monto, sino quién estaba detrás de la empresa contratada.
Vínculo directo con funcionario del hospital
Según informó la Contraloría General de la República, el hospital suscribió un contrato por $680.271.966 con la empresa “Sociedad de Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda.”, destinada a realizar tratamientos quirúrgicos en el área de traumatología.
Hasta ahí, todo parecía dentro de lo habitual. Sin embargo, la revisión del organismo fiscalizador detectó un punto crítico: el principal beneficiario de la empresa era un médico que trabaja en el mismo hospital.
De acuerdo con los antecedentes, la sociedad estaba compuesta por dos socios. Por un lado, el funcionario del recinto, con una participación directa del 8%. Por otro, una segunda empresa —Sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada— que concentraba el 92% restante. El detalle clave es que esta última también pertenece mayoritariamente al mismo médico, quien controla el 98% de su propiedad.
En la práctica, el profesional tenía el control casi total de la empresa adjudicada, aunque formalmente su participación directa aparecía como minoritaria.
Observaciones a la legalidad del contrato
La Contraloría General de la República advirtió que este tipo de situaciones entra en conflicto con la Ley N°19.886, que regula las compras públicas. Esta normativa prohíbe que organismos del Estado celebren contratos con su propio personal o con empresas en las que estos sean beneficiarios finales, salvo excepciones debidamente justificadas.
Y ahí aparece otro punto cuestionado. El organismo fue claro: “la resolución que aprobó el contrato no está debidamente fundada como lo exige la ley”. Es decir, no se acreditaron las condiciones que permitirían aplicar alguna excepción.
Además, el hospital habría informado de manera incompleta la participación del médico en la empresa. En el proceso, se indicó que el facultativo tenía solo un 8% de participación, sin considerar su control indirecto a través de la दूसरी sociedad.
Para la entidad fiscalizadora, este escenario “afecta la integridad, transparencia y confidencialidad del proceso”, lo que refuerza la necesidad de investigar en profundidad cómo se aprobó el contrato.
Sumario en curso y responsabilidades
Con estos antecedentes sobre la mesa, la Contraloría General de la República resolvió iniciar un sumario administrativo. El objetivo es determinar eventuales responsabilidades dentro del hospital, tanto en la aprobación del contrato como en la información entregada durante el proceso.
En paralelo, se llevará a cabo una fiscalización para revisar en detalle las condiciones en que se realizó la contratación y si se ajusta a la normativa vigente.
El caso abre un flanco relevante en materia de control interno y probidad en instituciones de salud pública. Aunque el proceso recién comienza, el énfasis del organismo apunta a esclarecer si existió un conflicto de interés y si se cumplieron —o no— las exigencias legales.
Por ahora, el contrato sigue bajo la lupa. Y el sumario será el que determine si hubo responsabilidades administrativas en uno de los principales recintos asistenciales de la Región Metropolitana.
