Denuncian presiones de organismos internacionales y grupos activistas a diputados por informe sobre hormonización infantil
Santiago, Chile – Un grupo de diputados ha denunciado presiones por parte de organizaciones extranjeras y movimientos activistas ligados a la defensa de terapias de hormonización en menores de edad, en el marco de la votación del informe de la Comisión Investigadora sobre Hormonización Infantil, recientemente aprobado por la Cámara Baja.
Según los antecedentes difundidos, dichos grupos habrían enviado comunicaciones a parlamentarios de todos los sectores instándolos a rechazar el informe, no por fundamentos médicos o científicos, sino por la existencia de autocompromisos del Estado chileno con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La carta, atribuida a movimientos políticos vinculados al activismo LGBTIQ+, haría alusión a que el contenido del informe, que propone la suspensión del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), contraviene compromisos asumidos por Chile en materia de derechos humanos y enfoque de género ante la ONU.
Para sectores críticos del activismo, este tipo de presión externa representa una amenaza a la soberanía nacional y a la autodeterminación legislativa del país. Señalan que intentar imponer lineamientos internacionales sobre el criterio de las instituciones chilenas, especialmente en temas sensibles como la infancia, los derechos de los padres y la integridad física de los menores, es “una forma inaceptable de injerencia”.
“Lo insólito de esta situación es que no se está apelando a evidencia científica ni a criterios médicos para desestimar el informe, sino que se basa exclusivamente en compromisos políticos internacionales que no han sido validados democráticamente por la ciudadanía”, advierten.
En esa línea, se recuerda que en los dos últimos procesos plebiscitarios, los ciudadanos chilenos rechazaron propuestas constitucionales que incluían la adopción de una Perspectiva de Género vinculada a normativas y agendas internacionales, lo que, según los denunciantes, evidencia un rechazo explícito a tales imposiciones.
Diversos actores llaman a la ciudadanía a estar alerta frente a lo que consideran “presiones indebidas de grupos de interés extranjeros”, y a defender los principios de soberanía, respeto a la infancia, y la protección de los derechos de los padres como pilares de la institucionalidad nacional.
