El Gobierno ingresó veto a la Ley Integral de Personas Mayores a días del cambio de mando

El Ejecutivo objetó los artículos 15 y 29 de la norma, aprobada por unanimidad en el Congreso, generando rechazo en organizaciones de adultos mayores que esperaban su promulgación inmediata.

Santiago, Chile. — El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó un veto sustitutivo a la Ley Integral de Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, iniciativa que el Congreso Nacional despachó con respaldo unánime el pasado 5 de enero. La medida, comunicada a través de un oficio enviado al Senado con fecha 5 de febrero de 2026, apunta específicamente a los artículos 15 y 29, ambos relacionados con materias laborales, y ha desatado críticas de organizaciones de la sociedad civil que ven en esta decisión un revés inesperado a solo días del término del mandato presidencial.

Organizaciones de adultos mayores y representantes de la sociedad civil manifestaron su desilusión y desconcierto tras la reunión encabezada por la ministra Javiera Toro. Calificaron la decisión como un “golpe duro”, especialmente porque llega después de cinco años de discusión parlamentaria en los que el propio Gobierno había celebrado los acuerdos alcanzados. Las entidades impulsoras del proyecto esperaban que la norma fuera promulgada durante febrero de 2026, lo que ahora se retrasará mientras el Congreso revise y vote el veto sustitutivo ingresado por el Ejecutivo.

El veto a la Ley Integral de Personas Mayores se produce en un contexto de transición política, a menos de dos semanas del cambio de mando presidencial. Diversas agrupaciones han cuestionado el timing de la observación, argumentando que representa una falta de compromiso con las necesidades de las personas mayores, pese al amplio consenso legislativo previo.

La secretaria de Estado precisó que la objeción se centra en normas que podrían precarizar derechos laborales. Según lo detallado por la ministra, uno de los puntos cuestionados involucra la creación de un nuevo tipo de contrato para trabajadores adultos mayores, el cual presenta un riesgo que puede afectar la seguridad laboral de este grupo. En cambio, el Ejecutivo propone poner el énfasis en igualar el ingreso mínimo mensual de las personas mayores al del sector privado mayor de 18 años, pero con una entrada en vigencia diferida, específicamente a partir de mayo de 2027.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, explicó en una reunión con representantes de la sociedad civil que el veto responde a preocupaciones puntuales sobre los riesgos que ciertos aspectos del proyecto podrían generar en la protección laboral de las personas mayores. En sus palabras: «En ningún caso esta ley se encuentra en riesgo» y agregó que «más allá de este aspecto puntual que deberá votarse, el grueso del contenido que suscita amplio acuerdo, se encuentra aprobado y se convertirá en ley».

Detalles del veto y sus implicancias laborales

Los artículos objetados, 15 y 29, abordan aspectos clave del empleo para adultos mayores. Entre las propuestas modificadas se encuentra la regulación del ingreso mínimo mensual, cuya equiparación plena al salario mínimo del sector privado (para mayores de 18 años) se postergaría hasta mayo de 2027 según la indicación del Gobierno. Asimismo, se busca eliminar disposiciones que podrían interpretarse como generadoras de precariedad, priorizando mecanismos que garanticen mayor protección en el ámbito laboral.

Diputadas de oposición han cuestionado públicamente esta acción del Ejecutivo, señalando que desestima las demandas históricas de este segmento de la población y evidencia una inconsistencia en el compromiso con los derechos de las personas mayores.

Reacciones y próximos pasos

La decisión ha generado un conflicto entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, que ven en el veto un obstáculo innecesario tras un proceso legislativo exitoso y consensuado. Representantes de estas entidades han expresado que la medida deja un sentimiento de frustración, ya que la Ley Integral de Personas Mayores buscaba fortalecer derechos, autonomía y envejecimiento positivo en Chile.

Ahora, el veto deberá ser discutido y votado por el Congreso Nacional. De aprobarse las observaciones, la norma se promulgará con las modificaciones propuestas; de rechazarse, retornará al Ejecutivo para su promulgación en los términos originales aprobados por los parlamentarios.

Este episodio pone en evidencia tensiones en torno a la protección laboral de las personas mayores y el equilibrio entre derechos y seguridad en el empleo, temas que seguirán en debate durante el trámite legislativo pendiente.

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La Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable (también conocida como Ley de Envejecimiento Digno) es un marco legal inédito en Chile que busca promover el envejecimiento digno, activo y saludable de todas las personas, protegiendo el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.

Objetivos principales (según su artículo 1 y disposiciones generales):

• Promover y proteger el reconocimiento y goce efectivo de todos los derechos de las personas mayores (desde los 60 años).
• Contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
• Fomentar un envejecimiento activo y saludable, optimizando oportunidades de bienestar, participación y protección.
• Establecer principios como dignidad, autonomía, no discriminación por edad, buen trato, equidad de género y enfoque de curso de vida.

De qué trata principalmente: La norma consagra 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos:

• Igualdad y no discriminación por edad.
• Vida libre de violencia y maltrato (físico, psicológico, patrimonial, etc.).
• Autonomía, independencia y participación social, cultural y comunitaria.
• Acceso a la justicia, cuidado integral y protección en situaciones de abandono o dependencia.
• Refuerzo de la dignidad y autonomía en ámbitos como salud, vivienda, transporte y empleo.

Además, fortalece el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) con direcciones regionales, institucionaliza una Política Nacional de Envejecimiento transversal para todo el Estado, y obliga a adoptar medidas afirmativas para erradicar vulneraciones y promover la inclusión.

En resumen, es una ley integral que pasa de un enfoque asistencialista a uno de derechos humanos, autonomía y envejecimiento positivo, alineada con la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores.