La acción judicial presentada por el Ministerio Público contra el exalcalde de Recoleta pone en riesgo su candidatura a diputado, con penas que incluyen inhabilitación para cargos públicos y millonarias multas.

En Santiago, Chile, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte presentó una acusación formal contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del caso Farmacias Populares, solicitando penas que superan los 18 años de prisión. Esta acción judicial, derivada de presuntas irregularidades en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), impacta directamente las aspiraciones electorales del exjefe comunal, quien busca postular como candidato a diputado por el Distrito 9.

Detalles de la acusación

La fiscal Giovanna Herrera formalizó cargos contra Jadue por delitos relacionados con la gestión de insumos sanitarios durante la pandemia de Covid-19, período en el que presidió Achifarp. Entre los delitos imputados se encuentran fraude al fisco reiterado, estafa consumada, cohecho consumado y delito concursal. Las penas solicitadas incluyen:

• Fraude al fisco reiterado: 12 años de presidio mayor en su grado medio, una multa de 8.787 Unidades Tributarias Mensuales (equivalente a la mitad del perjuicio causado), 10 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos y el pago de costas judiciales.
• Estafa consumada: 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con una multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales y costas.
• Cohecho consumado: 820 días de reclusión menor en grado medio, una multa de 19 millones de pesos, 5 años de inhabilitación temporal para cargos públicos y costas.
• Delito concursal consumado: 541 días de presidio menor en grado medio y costas.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 3 de septiembre la audiencia de preparación del juicio oral, un paso clave en el proceso que podría definir el futuro judicial y político de Jadue. Además, la acusación no solo afecta al exalcalde, sino también a otros imputados, como José Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp, para quien se solicitan penas que superan los 25 años de prisión por delitos como fraude al fisco, cohecho, malversación de caudales públicos y lavado de activos, junto con una inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Impacto en las aspiraciones políticas

La acusación representa un duro revés para las pretensiones electorales de Jadue, quien busca competir en las elecciones de noviembre por el Distrito 9, que incluye Recoleta, comuna que lideró entre 2012 y 2024. La Constitución de Chile, en su artículo 16, establece que una persona acusada por delitos que merezcan pena aflictiva puede perder su derecho a voto, lo que podría derivar en la inhabilitación de Jadue como candidato si se dicta una sentencia condenatoria antes del cierre del padrón electoral el 28 de agosto. El plazo para inscribir candidaturas vence el 18 de agosto, lo que añade presión al proceso.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que “si desde el punto de vista legal no puede ser candidato, no lo será”, aunque destacó que, por ahora, Jadue sigue considerado como parte de la lista de candidatos del partido. Carmona también expresó confianza en que no habrá limitaciones legales que impidan su postulación, afirmando que “todo indica que no va a tener una limitación legal”. Sin embargo, el avance del caso judicial, con la acusación formal ya presentada, pone en duda esta posibilidad.

Jadue, quien se encuentra bajo arresto domiciliario total, había intentado postergar la formalización para asegurar su participación en la contienda electoral. No obstante, la acción de la Fiscalía marca un precedente que podría alterar significativamente su trayectoria política. La investigación, que se extendió por más de cuatro años, se centra en irregularidades cometidas entre marzo de 2017 y junio de 2022, período en el que Jadue ejerció como presidente de Achifarp y alcalde de Recoleta.

Contexto del caso

El caso Farmacias Populares se originó por presuntas irregularidades en la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, creada para facilitar el acceso a medicamentos a bajo costo. Durante la pandemia, Achifarp estuvo involucrada en la compra y venta de insumos sanitarios, lo que derivó en la investigación por posibles delitos de corrupción. Además de Jadue y Muñoz, otros imputados incluyen a Raúl Moraga Lagarrigue, María Chadwick Sendra y Eduardo Sendra Arratia, acusados de fraude al fisco, y Álvaro Castro Robles, imputado por cohecho.

El proceso judicial, que aún está en curso, podría establecer un precedente en la administración municipal y el manejo de recursos públicos en Chile. La acusación de la Fiscalía subraya la gravedad de los delitos imputados y pone en el centro del debate la transparencia en la gestión de entidades públicas, especialmente en un contexto de alta sensibilidad como la pandemia. Mientras tanto, el futuro político de Jadue dependerá de las decisiones del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y del desarrollo del juicio oral, cuyo inicio está programado para el próximo mes.