Hospital modular abandonado: Contraloría abre sumario por perjuicio de $859 millones
Un hospital modular abandonado en San Miguel acumula $859 millones de pesos en depreciación patrimonial tras cuatro años de inacción administrativa.
Santiago, Chile. Un hospital modular abandonado en una bodega de la comuna de San Miguel gatilló un proceso de reparo por parte de la Contraloría General de la República, organismo que busca la restitución de 859 millones de pesos producto de la depreciación e inmovilización de 565 bienes públicos. La infraestructura sanitaria, concebida para atender la contingencia del Covid-19 en el recinto Barros Luco Trudeau, permanece en el olvido sin que los organismos responsables hayan gestionado su reasignación o transferencia.
El origen del millonario recinto móvil
En abril de 2020, las autoridades sanitarias aprobaron la adquisición urgente de complejos modulares para ampliar la red de atención. El Ministerio de Salud celebró un contrato de compraventa con la firma Weatherhaven Global Resources por cinco unidades de campaña, totalizando 13,7 millones de dólares. En el caso específico del complejo destinado al sector sur de la capital, el costo de adquisición y posterior traslado representó un desembolso fiscal de 2.102 millones de pesos.
Las dependencias operaron en un terreno contiguo al establecimiento principal hasta finales de octubre de 2021. Al mes siguiente, el dominio de los activos fue traspasado de manera gratuita al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). Pese a asumir la propiedad absoluta de los equipos, la dirección de la entidad argumentó impedimentos logísticos y elevados costos de transporte para postergar cualquier tipo de reubicación.
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| HISTORIAL DEL HOSPITAL MODULAR |
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| Fecha | Evento |
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| Abril 2020 | Aprobación de compra de hospitales modulares. |
| Junio 2020 | Instalación operacional en recinto hospitalario. |
| Octubre 2021 | Cierre oficial de operaciones de la estructura. |
| Noviembre 2021 | Traspaso gratuito de activos al SSMS. |
| Mayo 2023 | Licitación para desarme ($187 millones de pesos). |
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Hallazgos de Contraloría y pérdidas en la bodega
El informe fiscalizador reveló que el Servicio de Salud Metropolitano Sur desembolsó más de 187 millones de pesos mediante una licitación adjudicada a Minera y Constructora Río Grande SpA para desarmar, empaquetar y trasladar los insumos al recinto de bodegaje. No obstante, el ente de control concluyó que no se realizaron trámites ni comunicaciones orientadas a destinar los 565 bienes muebles —entre ellos camillas, sillas de ruedas y catres clínicos— a otros centros asistenciales o reparticiones del Estado.
«Se evidenció una administración ineficiente de recursos estatales y ocasionó la prolongada falta de uso de activos susceptibles de ser utilizados para fines sanitarios u otros propósitos de interés público», dictaminó la Contraloría General de la República.
A las deficiencias operativas y la presencia de un socavón en el perímetro de la bodega se sumaron inconsistencias en los registros de inventario. El organismo fiscalizador detectó la falta de trece especies, incluidas lavadoras, secadoras y un equipo de protección radiológica. Ante esto, la institución de salud notificó a la empresa privada a cargo de la seguridad privada del recinto para exigir la restitución de los elementos faltantes.
Descargos oficiales por la depreciación del equipo
Frente a los reparos levantados por la institución fiscalizadora, el Servicio de Salud Metropolitano Sur argumentó que el desmontaje respondió al término de la alerta sanitaria y a los altos costos operativos de mantenimiento, los cuales alcanzaban los 4.584 millones de pesos. Desde la repartición precisaron que el monto retenido por el ente de control corresponde al cálculo contable del desgaste de los bienes y no a una cifra que deban desembolsar de forma directa.
La entidad añadió que el inventario fue regularizado y que se encuentran elaborando un plan de acción para subsanar los problemas de infraestructura del acopio. El destino final de los insumos del hospital modular abandonado dependerá de la propuesta que exija la autoridad de control dentro de los plazos legales establecidos. cred: Bío Bío
