Juez Daniel Urrutia es expulsado del Poder Judicial tras resolución de la Corte Suprema
La Corte Suprema determinó la remoción del juez Daniel Urrutia por graves faltas a la probidad tras acreditarse viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica.
Santiago, Chile. La Corte Suprema definió mediante votación de su pleno la expulsión del juez Daniel Urrutia, quien se desempeñaba en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La determinación del máximo tribunal se tomó por mayoría entre dieciocho ministros, alcanzando los votos requeridos para aplicar la sanción disciplinaria más severa contemplada en el artículo ochenta de la Constitución.
Con esta resolución, el Poder Judicial concretó la salida del magistrado en un proceso que también abarcó la desvinculación de otros miembros de la judicatura. La indagatoria administrativa se enfocó en el uso indebido de reposos de salud, alcanzando un total de dieciocho remociones en el marco de las revisiones llevadas a cabo por el máximo tribunal.
Faltas a la probidad motivaron la expulsión del juez Daniel Urrutia
El factor determinante para los integrantes del pleno fue la constatación de dos salidas del país durante periodos de descanso médico. El historial acreditado por el tribunal confirmó un traslado a Costa Rica en el año dos mil veinte y otro a Ecuador en dos mil veintidós. Para la mayoría de las autoridades judiciales, estas conductas configuraron un incumplimiento grave a la probidad que hizo insostenible su continuidad en el cargo.
Anteriormente, el funcionario del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había enfrentado diversos sumarios administrativos que concluyeron sin sanciones de gravedad. Sin embargo, los antecedentes de viajes internacionales durante licencias médicas sellaron el procedimiento en su contra.
Reacciones e impugnaciones tras el fallo en la magistratura
La decisión generó divisiones al interior de las instituciones de justicia. Diversos sectores apuntaron a que la medida responde estrictamente a la evaluación de la conducta y al mérito de los antecedentes, mientras que otros críticos al proceso plantearon reparos sobre una eventual afectación a la independencia interna de la magistratura.
Ante el dictamen, la defensa del afectado presentó un recurso para intentar anular la votación, alegando eventuales vulneraciones al orden establecido en el Código Orgánico de Tribunales. La petición fue derivada a un tribunal ordinario para su resolución. Tras ser notificado del fallo definitivo, el funcionario suspendido mantiene abierta la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar la resolución.
