Rebajas de condena causan polémica tras revivirse la denuncia de Boric y Jackson contra Gómez
Las rebajas de condena vigentes desataron una fuerte controversia institucional al recordar la denuncia penal que Gabriel Boric y Giorgio Jackson respaldaron en 2015 contra el exministro José Antonio Gómez por negarse a firmar decretos penitenciarios.
Santiago, Chile. Las rebajas de condena concedidas bajo la administración de José Antonio Kast abrieron una profunda controversia política en el país. El debate cobró una nueva dimensión al reflotar un antecedente ocurrido en 2015, cuando el entonces ministro de Justicia de Michelle Bachelet se rehusó a firmar cerca de 500 decretos que beneficiaban a reclusos condenados por delitos graves, entre los que se contaban homicidas, violadores y abusadores sexuales de menores. Aquella negativa desencadenó una querella en la justicia y una dura ofensiva parlamentaria.
El conflicto legal tras el rechazo a las rebajas de condena
En aquel momento, la exautoridad argumentó ante los tribunales que la reducción de penas era una medida sujeta al cumplimiento estricto de requisitos legales y no un derecho de ejecución automática. No obstante, el criterio judicial de la época estipulaba que las comisiones de reducción de pena resolvían las solicitudes y que la cartera ministerial debía limitarse a ejecutar lo resuelto. A pesar de los recursos de amparo interpuestos por los reclusos que terminaron favoreciendo a los internos, la exautoridad sostuvo su postura afirmando: “No porque una corte diga que algo es blanco, es blanco”.
La denuncia de Boric y Jackson en el caso de las rebajas de condena
El choque institucional escaló hasta la Corte Suprema, donde surgieron advertencias de un eventual procedimiento por desacato. En ese marco, la ONG Leasur presentó una denuncia ante la Fiscalía que fue respaldada públicamente por los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Ambos legisladores acudieron a La Moneda para cuestionar la decisión del Ejecutivo. Durante las manifestaciones públicas del caso, el parlamentario declaró: “Acá hay un tema más complicado, que es que el ministro Gómez actuó con prevaricación, esto es que él no tenía la facultad de hacer lo que hizo, y los funcionarios públicos tenemos que actuar estrictamente conforme a derecho y el ministro Gómez violó esa norma”.
El Ministerio Público abrió una causa formal donde el titular de Justicia quedó en calidad de imputado. Con el avance de las diligencias, la investigación penal terminó siendo cerrada debido a que los fiscales no encontraron conductas constitutivas de delito.
El impacto político 11 años después
Luego de 11 años, la discusión vuelve al centro de la agenda pública a raíz de los 56 decretos firmados bajo la gestión de Fernando Rabat. Respecto a este nuevo episodio, la exautoridad criticó que el actual responsable de la cartera concediera directamente los beneficios en lugar de defender los rechazos ante los tribunales, tildando la decisión como un error. Sin embargo, valoró la búsqueda de una solución legislativa para restringir el alcance de estas medidas, advirtiendo de manera categórica que las resoluciones ya otorgadas y notificadas no pueden ser revertidas.
