Juzgado de Santiago ordena al alcalde de La Florida reescribir declaración en caso de presunto acoso laboral
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ha dictaminado que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, debe redactar una nueva declaración en apoyo a una exfuncionaria que denunció haber sufrido acoso laboral en la Corporación Municipal.
El conflicto se originó el 21 de noviembre de 2023, cuando Janett Fernández Pizarro, quien en ese momento se desempeñaba como secretaria general de la Corporación Municipal de La Florida, presentó una licencia médica. Esta acción coincidió con el inicio de un sumario administrativo en su contra, a raíz de denuncias de malos tratos formuladas por subalternos de Fernández.
A pesar de que la licencia inicialmente tenía una duración de 11 días, Fernández presentó nuevos documentos que extendieron su reposo hasta el 15 de enero. Sin embargo, en sus redes sociales se evidenció su participación en diversas actividades sociales, algunas de las cuales fueron interpretadas como parte de una supuesta campaña política, como reuniones con juntas de vecinos o celebraciones navideñas.
En una entrevista con Radio Bío Bío, Fernández explicó que sus licencias se debieron a una enfermedad común, la cual atribuyó a motivos de hostigamiento laboral. Afirmó que la recomendación médica no era de reposo absoluto, sino de incluir actividades recreativas en su recuperación.
Posteriormente, la exfuncionaria presentó una denuncia por acoso laboral contra la Corporación Municipal, argumentando que fue presionada para renunciar bajo la amenaza de iniciar una investigación en su contra.
Tras alcanzar un acuerdo, el municipio se comprometió a pagar la suma de $21.111.714 a Janett Fernández. Además, el alcalde Rodolfo Carter, en su calidad de presidente del directorio de la Corporación, debía emitir una declaración pública reconociendo la labor de la demandante.
Sin embargo, la declaración redactada por el alcalde no cumplió con los requisitos establecidos en el acuerdo. Ante esto, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ha ordenado que se redacte una nueva declaración pública. El plazo para su digitalización vence el quinto día posterior a la resolución, que fue el jueves 9 de mayo, bajo advertencia de «resolver lo que en derecho corresponda».
