Terremoto en el Congreso: PS Lanza Contraofensiva Constitucional Tras Destitución de Allende y Apunta a Contratos con el Estado
Tras el fallo del TC, socialistas exigen misma vara para parlamentarios con acuerdos estatales y desestiman renuncia de funcionaria clave.
«En un escenario político marcado por la controversia, diputados del Partido Socialista (PS) han anunciado una contundente contraofensiva constitucional. La medida surge como respuesta directa a la reciente destitución de la senadora Isabel Allende por el Tribunal Constitucional (TC), un fallo que ha generado indignación en la bancada socialista.
Los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas y Jaime Naranjo, líderes de esta iniciativa, exigen que el TC aplique el mismo criterio utilizado en el caso de Allende a otros parlamentarios que mantienen contratos con el Estado. Esta exigencia se produce tras la revelación de un reportaje de The Clinic, que expuso acuerdos entre varios congresistas y el Estado, involucrando pagos con dineros públicos.
Los senadores Juan Castro (Partido Social Cristiano), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS), junto a los diputados Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) y Ximena Ossandón (Renovación Nacional), son los parlamentarios señalados en el reportaje.
«Hay un precedente jurídico y, ante ese nuevo precedente jurídico, se tendrá que aplicar el mismo criterio, creemos. Si el TC destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio del TC con contratos que se ejecutaron y que se encuentran, muchos de ellos, en este momento en ejecución», declaró enfáticamente Manouchehri.
El diputado también anunció que se analizarán los antecedentes para presentar recursos ante el TC y se iniciará la recolección de las firmas necesarias para llevar adelante esta acción legal.
En un giro adicional, el PS ha decidido desestimar la solicitud de renuncia de Francisca Moya, jefa de la División Jurídico Administrativa de la Segpres, quien se vio envuelta en la polémica por el caso Allende. La decisión se fundamenta en las declaraciones de Moya, quien argumentó que no era su rol informar al Presidente Gabriel Boric sobre la irregularidad en la compra de la casa del ex presidente Salvador Allende.
Esta contraofensiva del PS promete generar un intenso debate en el Congreso y poner bajo la lupa la relación entre los parlamentarios y los contratos con el Estado.»
