El Tribunal Calificador de Elecciones resolvió suspender el derecho a sufragio del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dejándolo inhabilitado para postularse como candidato a diputado por el Distrito 9 en las elecciones parlamentarias de noviembre.

En Santiago, Chile, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió este viernes excluir del padrón electoral al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, miembro del Partido Comunista (PC), poniendo fin a su intención de competir por un escaño en la Cámara de Diputados en las elecciones de noviembre de 2025. La resolución, que no admite apelación, responde a una reclamación presentada por el abogado de Renovación Nacional (RN), Marcelo Brunet, y se fundamenta en la situación judicial del exjefe comunal.

Fundamentos de la Decisión

El Tricel acogió la apelación de RN, revocando un fallo previo del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana emitido el 3 de septiembre de 2025, que había autorizado la candidatura de Jadue por el Distrito 9, que incluye comunas como Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Lo Prado, Cerro Navia y Huechuraba. La exclusión se basa en el artículo 16, N° 2 de la Constitución Política de la República, que suspende el derecho a sufragio de personas acusadas formalmente por delitos que conlleven penas aflictivas. Según el fallo, Jadue adquirió la calidad de acusado el 7 de agosto de 2025, según información del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco del caso Farmacias Populares.

El Tricel señaló en su resolución: “Se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del Padrón Electoral Auditado a don Óscar Daniel Jadue Jadue”. El abogado Brunet destacó que “el concepto de acusado que establece el artículo 16 de la Constitución es muy claro y no admite distinciones”, reafirmando la postura de RN sobre la inhabilidad de Jadue.

Contexto Judicial y Político

Daniel Jadue, reconocido por su gestión como alcalde de Recoleta, enfrenta una investigación por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal en el caso Farmacias Populares, también conocido como Achifarp. La Fiscalía solicita hasta 18 años de cárcel para el exalcalde, quien actualmente cumple arresto domiciliario como medida cautelar. Esta situación legal motivó la acción de RN, presentada el 28 de agosto, para impugnar su candidatura, argumentando que su condición de acusado lo inhabilitaba para postular al Congreso.

La decisión del Tricel marca un precedente en la legislación electoral chilena y genera un impacto significativo en el escenario político, especialmente para el Partido Comunista, que pierde a uno de sus referentes en el Distrito 9. La exclusión de Jadue también intensifica las tensiones en un contexto electoral competitivo, afectando la dinámica de coaliciones y candidaturas de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre.

Implicaciones de la Resolución

Con esta sentencia, Daniel Jadue queda sin opciones legales para revertir la decisión, ya que el fallo del Tricel es definitivo. La medida no solo impide su postulación, sino que también suspende su derecho a sufragio, lo que resalta las consecuencias de su situación judicial en el ámbito político. La resolución podría influir en la percepción pública sobre Jadue, una figura polarizadora que ha sido tanto elogiada por su gestión en Recoleta como cuestionada por las acusaciones en su contra.

El fallo del Tricel también refuerza el rol de la Constitución en la regulación de los procesos electorales, destacando la importancia del artículo 16 en casos de candidaturas con antecedentes judiciales. Para Renovación Nacional, esta decisión representa un fortalecimiento de su posición, mientras que los seguidores de Jadue y el Partido Comunista deberán replantear sus estrategias para las próximas elecciones.

La exclusión de Jadue del padrón electoral cierra un capítulo en su trayectoria política, al menos en el corto plazo, y abre el debate sobre el impacto de los procesos judiciales en las candidaturas parlamentarias. Este caso probablemente seguirá generando reacciones en el panorama político chileno, a medida que se acercan las elecciones de noviembre.