Cámara de Diputados aprueba multas de hasta $103 mil por no votar en elecciones
La iniciativa, que modifica la Ley N° 18.700 sobre votaciones populares, fue despachada a ley con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, aplicándose solo a ciudadanos chilenos en los comicios presidenciales y parlamentarios de este año.
En Santiago, Chile, la Cámara de Diputados aprobó este lunes el proyecto de ley que impone sanciones económicas a los ciudadanos que no concurran a las urnas en las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para este año. La medida, que busca fortalecer la obligatoriedad del sufragio establecida en el artículo 15 de la Constitución Política, fija multas de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a montos que oscilan entre $34.632 y $103.897. Esta aprobación culmina un proceso legislativo marcado por tensiones políticas y acuerdos entre el Gobierno y la oposición, asegurando que la sanción entre en vigor de inmediato para los próximos comicios.
El proyecto, originado en una moción de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), había pasado por varios vaivenes en el Congreso Nacional. Inicialmente, en julio de este año, la Cámara Baja lo aprobó en general con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, pero sin definir las multas específicas, lo que generó críticas por supuestamente incumplir un pacto entre oficialismo y oposición. Posteriormente, en septiembre, la misma cámara despachó la iniciativa al Senado sin incluir la sanción, lo que provocó acusaciones de «quiebre de acuerdo» por parte de la oposición. Ante esta situación, La Moneda se comprometió a reponer la multa mediante indicaciones en la Cámara Alta, un compromiso que se materializó en una votación clave.
Tensiones y aprobación en el Senado
La Sala del Senado, en una sesión del 10 de septiembre, aprobó por 38 votos a favor, un rechazo y cero abstenciones, la inclusión de la multa en el rango propuesto por el Ejecutivo, inferior al original de hasta 3 UTM (alrededor de $207.000) sugerido por Pérez. El único voto en contra fue del senador Pedro Araya (PPD), quien cuestionó el monto como «altísima» y aclaró no ser parte de ningún acuerdo político. «La multa, cualquiera que haya sido, no tiene correlato con que se pueda recaudar dinero, ni menos meter preso a alguien que no haya votado», argumentó Araya durante la discusión, reflejando las divisiones en el oficialismo.
Tras esta aprobación senatorial, el proyecto retornó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional. En la votación de este lunes, celebrada en el Palacio de Santiago, la iniciativa recibió un amplio respaldo con 127 votos afirmativos. Los rechazos provinieron de siete legisladores, incluyendo a Jaime Araya (ind-PPD), Carlos Bianchi (ind.), Félix González (PEV), Camila Musante (ind-PPD), Matías Ramírez (PC), Consuelo Veloso (ind-PR) y Sebastián Videla (ind-PL). Además, 11 diputados optaron por la abstención, en un contexto donde la bancada PPD-IND había anunciado previamente su oposición, argumentando que no se podía «legislar a matacaballos».
El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), había convocado una sesión especial para despachar el proyecto, destacando la necesidad de dar cumplimiento al mandato constitucional del voto obligatorio. «Sin una sanción real, la obligatoriedad del voto queda sólo en el papel», había enfatizado previamente el diputado Henry Leal (UDI), criticando la «inacción» inicial del Gobierno en más de un año de tramitación. Por su parte, la diputada Joanna Pérez, impulsora de la moción, llamó a «no ensuciar» la discusión con temas ajenos, como la participación de extranjeros, separando claramente esta iniciativa de otras reformas.
Excepciones y alcances de la norma
La ley incorpora una serie de excepciones para evitar sanciones injustas, reconociendo situaciones que impidan el ejercicio del sufragio. Entre ellas, se exime de la multa a quienes acrediten enfermedad, se encuentren ausentes del país o en una localidad situada a más de 200 kilómetros del local de votación. Asimismo, los ciudadanos con discapacidad que cuenten con calificación y certificación oficial están liberados de la obligación. Estas causales deberán ser justificadas ante los tribunales electorales, que notificarán las infracciones por correo electrónico, en lugar de mediante Carabineros, como se dispuso en la tramitación.
Importante destacar que la sanción aplica exclusivamente a ciudadanos chilenos, incluyendo a los extranjeros nacionalizados, pero no a residentes no naturalizados, quienes mantienen el derecho a voto sin penalidades por abstención. Este detalle se alinea con una reforma constitucional paralela, aprobada unánimemente en el Senado y ratificada en la Cámara con 142 votos a favor y 4 abstenciones, que eleva de 5 a 10 años el requisito de residencia para que los extranjeros puedan sufragar en elecciones presidenciales y parlamentarias. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, precisó que «para las elecciones del 2025, lo que se legisló es que los extranjeros no tendrán multa, y va a ser la propia ley la que determine caso a caso el ámbito de aplicación de las sanciones».
La aprobación de esta norma se enmarca en un esfuerzo más amplio por elevar la participación electoral en Chile, donde el voto obligatorio fue restablecido en 2022 tras un período de voluntariedad que redujo drásticamente la concurrencia a las urnas. Expertos y legisladores coinciden en que, sin mecanismos disuasorios como esta multa, la obligatoriedad pierde efectividad. El proyecto ahora queda listo para su promulgación por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y su entrada en vigencia inminente, a menos de 48 días de los comicios.
Esta medida ha generado debate sobre su proporcionalidad y impacto real en la democracia. Mientras la oposición celebra el avance como un paso hacia una mayor responsabilidad cívica, sectores del oficialismo, como el Frente Amplio y el Partido Comunista, la ven como un «cocotazo electoral» que podría desincentivar la participación en lugar de fomentarla. La diputada Camila Musante (ind-PPD) celebró el rechazo inicial a multas más altas, argumentando que «hubo intentos de la derecha y la oposición de establecer sanciones para influir en la elección presidencial». En contraste, Pérez defendió la iniciativa como esencial para que «el 30% no decida por el 60%», refiriéndose a las bajas tasas de votación previas.
Con esta ley, Chile se suma a otros países con sistemas de voto obligatorio sancionado, como Argentina o Brasil, aunque con montos moderados para adaptarse al contexto local. Las municipalidades serán beneficiarias de las recaudaciones, lo que podría incentivar una fiscalización más activa. Los electores deberán estar atentos a las campañas de información del Servicio Electoral (Servel), que detallarán los procedimientos para justificar ausencias y evitar infracciones. Este desarrollo legislativo refuerza el compromiso del Congreso con la integridad del proceso democrático, en un año electoral cargado de expectativas.
