Contraloría detecta sobreprecio en compra de terrenos del programa habitacional de Boric
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la adquisición de terrenos por parte del Programa Especial de Habitabilidad (PEH), con pagos por sobre el valor real de los suelos.
Santiago, Chile. – La Contraloría General de la República informó que el Programa Especial de Habitabilidad (PEH) compró terrenos pagando precios inflados, lo que generó un revés para la institución y abrió dudas sobre el manejo de recursos públicos destinados a vivienda.
“Se detectaron sobreprecios en la adquisición de terrenos”, consignó el organismo fiscalizador en su informe, según los antecedentes revisados.
El hallazgo representa un golpe directo a la gestión del PEH, entidad que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que tiene como misión facilitar soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad. Fuentes cercanas al caso indican que las observaciones de la Contraloría se centran en operaciones concretas donde el valor pagado superó significativamente el avalúo fiscal o comercial de los predios.
Hasta ahora, el PEH no ha entregado una respuesta pública detallada sobre las conclusiones del informe. El silencio de la entidad contrasta con la gravedad de las observaciones, que ponen en entredicho la transparencia en el uso de fondos estatales.
Irregularidades detectadas
De acuerdo con el documento de la Contraloría, los terrenos fueron adquiridos en distintas comunas de la Región Metropolitana y otras zonas del país. En varios casos, el precio final pagado por el PEH excedió en porcentajes relevantes el valor de mercado estimado.
Los auditores detectaron que algunas transacciones se realizaron sin contar con tasaciones actualizadas o independientes, lo que habría facilitado los sobreprecios. “La falta de controles adecuados en el proceso de compra generó un perjuicio económico al Estado”, señala el informe en una de sus conclusiones más duras.
Aunque el monto total del sobreprecio no se ha hecho público en su totalidad, se trata de operaciones que involucran millones de pesos en recursos fiscales. Esto ocurre en un contexto donde el acceso a vivienda sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas, especialmente en ciudades como Santiago, donde los precios de los suelos no paran de subir.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que el PEH fue creado precisamente para agilizar la entrega de soluciones habitacionales a personas que viven en condiciones precarias. Que ahora la propia Contraloría cuestione la forma en que se gastan esos dineros genera frustración entre quienes esperan respuestas concretas del Estado.
Reacciones y próximos pasos
Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Vivienda ni el propio PEH habían emitido declaraciones oficiales respecto de las observaciones. En círculos políticos se comenta que este informe podría tener consecuencias tanto administrativas como políticas, sobre todo si se confirma que hubo negligencia o falta de fiscalización interna.
Expertos consultados, que prefirieron mantener el anonimato, indicaron que lo más probable es que la Contraloría derive los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar eventuales acciones de resarcimiento al fisco. “Cuando hay sobreprecio en compras públicas, el Estado tiene herramientas para recuperar los recursos”, comentaron.
El caso también revive el debate sobre los controles en los programas habitacionales del gobierno. En los últimos años, el PEH ha sido clave en la compra de terrenos para proyectos de integración social, pero episodios como este alimentan la percepción de que no siempre se actúa con la rigurosidad necesaria.
Desde la oposición ya han anunciado que solicitarán informes completos y citarán a las autoridades del Minvu a explicar lo ocurrido. “No podemos permitir que recursos destinados a las familias más vulnerables terminen beneficiando a terceros con sobreprecios”, señaló un diputado que pidió reserva de su nombre.
En paralelo, organizaciones de pobladores han expresado su preocupación. “Nosotros seguimos esperando casas mientras se pagan fortunas por terrenos que valen menos”, comentó un dirigente de un campamento de la zona sur de Santiago.
La Contraloría ha sido clara en su rol: su función es velar por el buen uso de los recursos públicos. En este caso, su detección de sobreprecios en las compras del PEH obliga a una revisión profunda de los procesos internos de la institución.
Se espera que en las próximas semanas el Programa Especial de Habitabilidad entregue su descargo formal y detalle las medidas que adoptará para corregir las observaciones. Mientras tanto, el informe queda como un duro llamado de atención sobre cómo se manejan los dineros destinados a solucionar el déficit habitacional en Chile.
Este nuevo episodio se suma a otras observaciones que ha realizado la Contraloría a distintos servicios públicos en materia de adquisiciones. Para muchos, refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control previo, antes de que se concrete el gasto.
En definitiva, la detección de sobreprecio en la adquisición de terrenos por el PEH no solo cuestiona una operación específica, sino que pone sobre la mesa la forma en que el Estado chileno compra propiedades para cumplir con sus políticas sociales. El caso sigue en desarrollo y será clave ver cómo responden las autoridades involucradas.
