Ministra Parot revela morosidad de $52 mil millones en terrenos fiscales
La deuda de $52 mil millones por uso de terrenos fiscales expone las dificultades del Ministerio de Bienes Nacionales para cobrar cánones y arriendos a concesionarios y arrendatarios privados.
Santiago, Chile. – “Tenemos morosidades por el no pago de estas concesiones y también de arriendos, por alrededor de $52 mil millones que están sin cobrar”. La frase la soltó la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, mientras exponía ante la comisión de Medio Ambiente del Senado.
La cifra salió a la luz este martes 14 de abril durante su presentación. No se trata de un cobro puntual ni de una revocación masiva de concesiones, sino del total acumulado de deudas que distintos privados mantienen con el fisco por el uso de terrenos fiscales en todo el país.
Parot detalló un panorama complicado. El ministerio arrastra 68 mil trámites de regularización pendientes y maneja alrededor de 1.500 propiedades que provienen de herencias vacantes. Todo eso suma a un sistema que, según ella, ha acumulado tensiones durante años.
El detalle de la deuda
La morosidad de $52 mil millones corresponde principalmente a cánones impagos de concesiones onerosas y arriendos atrasados. Son pagos que concesionarios y arrendatarios privados debían hacer al Estado por ocupar o usar terrenos fiscales y que, hasta ahora, no se han recaudado.
La ministra no entregó un desglose por comuna ni por empresa específica, pero sí dejó claro que el problema es estructural. En su exposición planteó la necesidad de ordenar la administración de estos bienes, regularizar lo que está pendiente y dar certezas jurídicas, como
En paralelo, el gobierno ha puesto énfasis en combatir las tomas de terrenos fiscales. Parot ha mencionado en otras instancias que las políticas de gobiernos anteriores habrían generado la percepción de que “el territorio fiscal no es de nadie y se puede tomar”. Aunque en esta sesión se centró más en las deudas y trámites pendientes.
Desafíos de gestión
El Ministerio de Bienes Nacionales enfrenta un catastro que requiere actualización constante. Con miles de solicitudes de títulos de dominio en espera, el retraso complica tanto la recaudación como la posibilidad de poner esos inmuebles a disposición de programas habitacionales u otros usos públicos.
La deuda de $52 mil millones por uso de terrenos fiscales se suma a otros dolores de cabeza. Por ejemplo, el ministerio tiene planificado avanzar en la licitación de algunos inmuebles fiscales que han estado ocupados o abandonados, según ha señalado la propia ministra en entrevistas recientes.
Hasta el momento no se han detallado acciones judiciales masivas ni plazos concretos para el cobro de esa morosidad. La exposición en el Senado sirvió más bien para dibujar el diagnóstico y marcar una hoja de ruta: regularizar, cobrar lo que corresponde y evitar que se sigan acumulando casos.
Reacciones y contexto
Desde el sector privado aún no han surgido declaraciones públicas directas sobre esta cifra específica. En general, cuando se habla de cánones y concesiones, los actores inmobiliarios suelen pedir reglas claras y estabilidad para poder planificar proyectos.
Vecinos y organizaciones sociales, en cambio, suelen presionar para que los terrenos fiscales se destinen a soluciones habitacionales o espacios públicos, especialmente en comunas con alta demanda como Providencia, Ñuñoa o sectores periféricos de Santiago.
El caso ilustra una tensión recurrente en Chile: cómo administrar un patrimonio fiscal que incluye miles de predios dispersos por el país, muchos de ellos con ocupaciones irregulares, trámites trabados o pagos pendientes.
Parot ha insistido en que el objetivo es “ordenar la casa”. Eso pasa por fiscalizar mejor, regularizar lo pendiente y, cuando corresponda, recuperar recursos que hoy están sin cobrar.
La deuda de $52 mil millones por uso de terrenos fiscales no es un titular que cierre el tema, sino que abre una discusión sobre cómo se ha gestionado históricamente este patrimonio del Estado. Por ahora, el ministerio avanza en su diagnóstico y busca herramientas para ir resolviendo los casos uno a uno, sin que se sigan acumulando.
El tema seguirá en discusión en el Congreso y en las oficinas de Bienes Nacionales. Mientras tanto, la cifra queda como un número concreto de lo mucho que está en juego cuando se habla de terrenos fiscales en Chile.
