Corte Suprema confirma condena: Héctor Espinosa irá 17 años a la cárcel por corrupción en la PDI
Corte Suprema confirma condena: Héctor Espinosa irá 17 años a la cárcel por corrupción en La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad y ratificó la sentencia del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, dejando firme la pena efectiva contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones.
Santiago, Chile. — La Corte Suprema confirmó este lunes la condena de 17 años de presidio efectivo contra Héctor Espinosa, exdirector general de la PDI, por delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. En fallo unánime, la Segunda Sala rechazó el recurso de nulidad interpuesto por su defensa, lo que obliga al oficial en retiro a cumplir la pena en la cárcel, tras más de tres meses desde la sentencia original.
El máximo tribunal desestimó los argumentos presentados por Héctor Espinosa y su cónyuge, María Magdalena Neira, quienes buscaban invalidar tanto el juicio oral como el fallo condenatorio dictado el 1 de diciembre de 2025 por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Con esta resolución, la sentencia queda firme y ejecutoriada, marcando un revés definitivo en uno de los casos más relevantes de corrupción en instituciones policiales chilenas en los últimos años.
Delitos acreditados entre 2015 y 2017
Los hechos ocurrieron principalmente en Santiago, durante el período en que Héctor Espinosa ejerció altos cargos en la PDI, antes de asumir como director general entre 2018 y 2021. El tribunal oral acreditó que cometió delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación y uso de instrumento público falso entre 2015 y 2017, junto con un delito consumado de lavado de activos.
La investigación estableció que Espinosa malversó no menos de $146 millones provenientes de fondos reservados de la institución. Estos recursos fueron desviados de manera irregular, lo que derivó en la falsificación de documentos para encubrir las maniobras. Posteriormente, parte de los fondos fueron objeto de lavado de activos, involucrando a su esposa María Magdalena Neira como autora en grado de omisión.
La sentencia original impuso 12 años de presidio por los delitos reiterados de malversación y falsificación, más 5 años y un día por el lavado de activos, sumando los 17 años de cumplimiento efectivo. Además, se aplicaron accesorias legales como inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares durante la condena.
Impacto económico y decomisos
La condena incluye el pago de una indemnización al Fisco por $146 millones como reparación del daño causado, junto con multas adicionales (incluyendo referencias a montos cercanos a $160 millones en algunos reportes). El fallo ordena el comiso de bienes vinculados al caso, entre ellos un departamento, una bodega y dos estacionamientos ubicados en la comuna de Las Condes, propiedades que pertenecían a Espinosa y Neira.
María Magdalena Neira fue condenada a 541 días de presidio como autora del delito culposo de lavado de activos, pena que también queda confirmada tras el rechazo del recurso de nulidad.
Héctor Espinosa se encuentra recluido desde diciembre de 2025 en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, bajo prisión preventiva decretada tras la sentencia inicial. Con la confirmación de la Corte Suprema, deberá cumplir íntegramente la pena efectiva sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios que reviertan el fallo.
Este caso representa un duro golpe a la imagen institucional de la PDI, ya que involucra al máximo exjefe de la policía civil en delitos graves contra el patrimonio público. La resolución unánime de la Segunda Sala cierra el ciclo judicial iniciado en la causa RUC N°2001283813-2 y RIT N°467-2023, destacando la gravedad de los ilícitos cometidos en el manejo de fondos reservados.
La confirmación de la condena refuerza la independencia del Poder Judicial en causas de alta connotación pública, enviando un mensaje claro sobre la persecución de la corrupción en instituciones del Estado. Héctor Espinosa, quien dirigió la PDI durante un período clave, enfrentará ahora las consecuencias definitivas de los hechos acreditados entre 2015 y 2017, en un proceso que ha sido seguido de cerca por la opinión pública chilena.
