Policía detenido en Venezuela tras compartir mensajes críticos contra el régimen, denuncian su muerte
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) reportó el fallecimiento bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández, un funcionario de la Policía del estado Portuguesa, ocurrido apenas horas después del anuncio oficial de excarcelaciones masivas de detenidos.
Caracas, Venezuela – La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este domingo la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía de 52 años del estado Portuguesa (oeste del país), quien permanecía detenido desde diciembre de 2025. El hecho ocurrió el sábado 10 de enero de 2026 en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7, en Caracas, apenas 62 horas después del anuncio oficial de liberación de un «número importante» de personas detenidas.
Según la información entregada por el CLIPP en su cuenta de X, Torres Fernández era funcionario activo de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, y contaba con más de 20 años de servicio. Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y contra el gobernador del estado, el chavista Primitivo Cedeño. De manera extraoficial, se le imputaron los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.
Hasta el momento, no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas exactas del deceso, ni sobre la atención médica que pudo haber recibido el funcionario durante su reclusión. Esta falta de datos y transparencia, según la organización, hace responsable al Estado por la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
Exigencias de investigación y liberación inmediata
El CLIPP exigió una investigación inmediata, independiente y transparente sobre lo sucedido. Además, reiteró el llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos que continúan detenidos injustamente en el país.
«No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas», señaló la organización en su comunicado.
Con este caso, el CLIPP registra que 22 personas han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, muchas de ellas en contextos de detenciones por motivos políticos o de expresión.
El partido opositor Primero Justicia (PJ) también lamentó el fallecimiento y responsabilizó directamente al régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Exigió la libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos, tanto civiles como militares.
#DENUNCIA #URGENTE | Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP)
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 11, 2026
El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de… pic.twitter.com/DZl4izYzII
La denuncia se produce en un momento de alta tensión respecto al proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades venezolanas. Aunque el gobierno informó sobre la liberación de un número importante de detenidos —incluidos extranjeros—, organizaciones de derechos humanos y la oposición mayoritaria han denunciado que el proceso avanza a cuentagotas, con apenas una veintena de excarcelados por razones políticas confirmados hasta ahora.
Diversas agrupaciones defensoras de derechos humanos, como el Foro Penal, estiman que actualmente persisten más de 800 presos políticos en Venezuela, muchos imputados por cargos relacionados con la libertad de expresión, disidencia o críticas al gobierno.
Este caso pone nuevamente en evidencia las preocupaciones sobre las condiciones de reclusión, la falta de atención médica adecuada y la responsabilidad estatal en la integridad de las personas detenidas, en un contexto de transición política y anuncios de medidas de «convivencia pacífica» que aún no se traducen en cambios sustantivos para los afectados.
La comunidad internacional y las organizaciones locales continúan monitoreando la situación de los detenidos políticos en Venezuela, exigiendo transparencia y respeto a los derechos humanos en medio de la compleja realidad que vive el país.
