Fiscalía solicita siete años de presidio para Karina Oliva por fraude de subvenciones en campaña electoral
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra la ex candidata a gobernadora por irregularidades en la rendición de gastos de su campaña de 2021, solicitando penas de hasta siete años para ella y otros imputados vinculados al extinto partido Comunes.
En Santiago, Chile, la Fiscalía Metropolitana Sur presentó una acusación formal contra Karina Oliva, ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana y expresidenta del partido Comunes, por el delito de fraude de subvenciones en carácter reiterado durante su campaña electoral de 2021. El libelo acusatorio, de 197 páginas, solicita siete años de presidio efectivo para la ex militante del Frente Amplio, junto a otros diez imputados relacionados con su comando, el partido y la Fundación Chile Movilizado.
La investigación, que se extendió por más de cuatro años, sostiene que los involucrados declararon gastos inexistentes o inflados con el propósito de obtener devoluciones indebidas del Servicio Electoral (Servel), generando un perjuicio fiscal efectivo estimado en $293 millones, además de un intento adicional de defraudación por $110 millones que fueron objetados por el organismo.
Detalles de la acusación
Según el documento presentado por el fiscal regional subrogante Alex Cortés ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, las maniobras incluyeron la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas, servicios no prestados, informes plagiados atribuidos a la Fundación Chile Movilizado y rendiciones abultadas tras conocer los resultados electorales.
En la primera vuelta, la campaña solicitó reembolsos por más de $163 millones con documentación falsa, incluyendo un perjuicio de $103 millones que fue pagado a la cuenta de la candidata. En la segunda vuelta, se repitió el esquema, con gastos inflados por cerca de $154 millones. Entre los ejemplos destacados figura un supuesto “Evento y cierre de campaña y Desayuno Feminista” rendido por $50 millones, respaldado por una factura que, según el Servicio de Impuestos Internos, nunca fue emitida. Además, se presentaron boletas por $54 millones que fueron objetadas y rechazadas por el Servel.
Los recursos devueltos, según la Fiscalía, fueron transferidos a cuentas de la fundación y retirados por imputados como Martín Miranda y David Castillo. Todo ello, de manera coordinada y con conocimiento de los montos máximos reembolsables.
Junto a Oliva, enfrentan acusación figuras como Martín Miranda (ex administrador electoral), Jorge Ramírez (ex pareja de la candidata y expresidente de Comunes) y Camila Ríos (ex secretaria ejecutiva del partido), para quienes también se piden siete años de presidio. Otros imputados, como José Robredo, Jean Flores, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Marcelo Riffo, Luis Romero y Ailine Ramírez, enfrentan solicitudes de entre tres y cinco años, según su grado de participación.
Para respaldar la acusación en el juicio oral, el Ministerio Público ofrece un amplio arsenal probatorio: 106 testigos —entre ellos la ex alcaldesa Irací Hassler y las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas—, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 evidencias adicionales.
La audiencia de preparación de juicio oral fue fijada para el 27 de enero próximo.
Reacción de la defensa
El abogado de Karina Oliva, Juan Carlos Manríquez, calificó la acusación como “inexplicable desde el punto de vista técnico”, argumentando que el Servel estableció que no se devolvió ningún peso irregular. La defensa sostiene que no hubo dolo, sino impericia y desconocimiento de las normas electorales, dado que la ex candidata no había participado previamente en procesos similares. Manríquez anticipó una “sonada absolución”, enfatizando que los servicios declarados fueron prestados y que cualquier irregularidad se debió a errores administrativos o confusión de roles, sin intención delictiva.
Este caso, conocido como “Caso Comunes”, marca un cierre investigativo tras años de diligencias que incluyeron análisis de rendiciones, documentos tributarios y movimientos bancarios. La presentación de la acusación representa un paso decisivo hacia el juicio oral, en un escándalo que impactó al Frente Amplio y al extinto partido Comunes en sus inicios.
La noticia se basa en el avance de la investigación por presunto fraude en el financiamiento electoral de 2021, destacando la solicitud de penas elevadas y el extenso material probatorio reunido por la Fiscalía. El proceso judicial continuará en las próximas semanas, con potenciales declaraciones de figuras políticas cercanas al entorno de la campaña.
