Corte Suprema ratifica desafuero de Joaquín Lavín León: «podrá ser formalizado» por fraude al fisco
El máximo tribunal confirmó por unanimidad la decisión de la Corte de Apelaciones, dejando al diputado sin fuero parlamentario y habilitando al Ministerio Público para avanzar en su formalización por delitos de corrupción.
Santiago, Chile. — La Corte Suprema ratificó este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, decisión que permite al Ministerio Público proceder con su formalización en una investigación por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El fallo, adoptado por unanimidad del Pleno del máximo tribunal, rechazó los argumentos presentados por la defensa del parlamentario y confirmó lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones.
Con esta resolución, Joaquín Lavín León queda inhabilitado para participar y votar en sesiones de Sala y comisiones de la Cámara de Diputados, marcando un duro revés para el legislador exmilitante de la UDI. La medida representa un avance significativo en la causa penal que lo involucra, al retirar la inmunidad parlamentaria que impedía su persecución penal ordinaria.
Detalles del fallo y delitos imputados
La Corte Suprema confirmó específicamente el desafuero en relación con la investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, a través de su Unidad Anticorrupción. Los hechos investigados apuntan a la emisión de 34 facturas ideológicamente falsas, el uso de empresas vinculadas y el eventual desvío de fondos públicos, incluyendo posibles irregularidades en el manejo de asignaciones parlamentarias.
Entre los delitos que sustentan la solicitud de desafuero se encuentran fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación o uso malicioso de instrumento privado mercantil. Cabe destacar que, según reportes, se descartaron cargos por delitos tributarios en esta etapa del desafuero. La indagatoria estima un perjuicio fiscal superior a los $104 millones (algunas fuentes mencionan cifras cercanas a $112 millones), vinculado al supuesto uso irregular de recursos fiscales para fines que incluirían incluso campañas electorales relacionadas con figuras políticas como la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
El máximo tribunal sostuvo que existen antecedentes suficientes para permitir que la causa continúe su curso en la justicia penal ordinaria, desestimando los recursos de la defensa que buscaban mantener el fuero parlamentario.
Impacto político y consecuencias inmediatas
La ratificación del desafuero constituye un duro golpe para Joaquín Lavín León, quien pierde temporalmente sus prerrogativas como diputado mientras avanza el proceso judicial. Esta situación genera tensiones en el ámbito político, especialmente considerando su trayectoria y vínculos familiares en la derecha chilena.
Desde el Ministerio Público se ha enfatizado la gravedad de los hechos. En declaraciones recogidas en medios, se ha señalado que «los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando de fraude al fisco por asignación parlamentaria superior a los 104 millones de pesos». Esta frase resalta el ángulo de corrupción que marca la causa y el interés público en su resolución.
Con el desafuero firme y ejecutoriado, el próximo paso procesal es la formalización del diputado por parte de la Fiscalía, instancia en la que se le comunicarán formalmente los cargos y se definirá la eventual medida cautelar. El caso continúa bajo reserva en etapas previas, pero la decisión de la Corte Suprema acelera significativamente el desarrollo de la investigación.
Este antecedente judicial refuerza la aplicación del mecanismo de desafuero en casos que involucran a parlamentarios en ejercicio, recordando que el fuero no es un privilegio absoluto sino una garantía para el ejercicio del cargo que cede ante indicios graves de delitos. La resolución unánime del Pleno subraya la solidez de los antecedentes presentados por el Ministerio Público y marca un precedente en la persecución de eventuales irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de autoridades electas.
La causa, que ya acumula relevancia mediática y política, seguirá su tramitación en los tribunales penales correspondientes, con posibles implicancias en el debate sobre transparencia y probidad en el Congreso.
