Gobierno anuncia modificación a controvertida norma, calificada “ley de amarre”
La medida, incluida originalmente en el protocolo de reajuste 2026 y calificada como “ley de amarre” por la oposición, ahora elevará el requisito de antigüedad para reclamos ante la Contraloría, buscando facilitar la conformación de equipos de confianza en la próxima administración.
Santiago, Chile. — El Gobierno confirmó que modificará la norma que regulaba la no renovación o despido de funcionarios a contrata en el sector público, tras recibir fuertes críticas de la oposición y sectores cercanos al Presidente electo José Antonio Kast. La disposición, incorporada en el protocolo de acuerdo de reajuste al sector público suscrito en diciembre de 2025, exigía originalmente que la no renovación de contratas o su modificación se realizara mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho sustentados en criterios objetivos y acreditables, sin bastar referencias genéricas a necesidades del servicio.
Esta norma, detallada en el punto 14 del documento de 14 páginas y 26 puntos firmado por los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto a 14 representantes de organizaciones del sector público, permitía a los afectados recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) si consideraban arbitrario el término de su contrato, siempre que contaran con al menos dos años de antigüedad en sus funciones.
La propuesta generó rechazo inmediato en la oposición, que la calificó como una “ley de amarre” destinada a proteger a operadores políticos y funcionarios afines a la actual administración de cara al cambio de gobierno el 11 de marzo de 2026. Parlamentarios como Frank Sauerbaum (RN) la describieron como un “corralito” para mantener “a los cercanos al Presidente de la República y a los grupos de confianza”, mientras que Agustín Romero (Republicano) señaló que buscaba “amarrar a activistas y operadores políticos de este Gobierno”. Desde el círculo cercano a Kast, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, advirtió que persistir en la norma podría “dinamitar” la relación con el oficialismo saliente.
El Ejecutivo defendió la iniciativa argumentando que no se trataba de un “amarre”, sino de una medida para evitar despidos arbitrarios y dar certeza jurídica. Nicolás Grau explicó que la norma formalizaba prácticas ya aplicadas vía dictámenes de Contraloría, instrucciones ministeriales y fallos judiciales, y que buscaba “evitar el abuso de la discrecionalidad en los despidos”. Agregó que distinguía claramente entre funcionarios de carrera y cargos de confianza política, para quienes se mantenía la obligación de presentar renuncia al 11 de marzo de 2026.
Modificación clave tras críticas
Frente a las observaciones recibidas, el Gobierno optó por ajustar la norma. Ahora, el “derecho a reclamo” ante la Contraloría se aplicará solo a funcionarios con al menos cinco años de antigüedad, elevando el umbral original de dos años. Esta modificación busca responder a las preocupaciones sobre la dificultad para que la nueva administración configure sus equipos de confianza sin contratiempos, especialmente en gabinetes y cargos directivos.
Nicolás Grau destacó que el cambio facilita la transición: “Es importante que el gobierno que entra pueda definir con mucha eficiencia y sin ningún contratiempo sus equipos de confianza en los gabinetes”. Además, enfatizó que la norma no impide despidos, sino que exige fundamentación adecuada, y que el Ejecutivo espera alcanzar acuerdos en el Congreso durante la tramitación del proyecto misceláneo que incluye el reajuste.
La iniciativa forma parte del proyecto de reajuste al sector público, que establece un alza nominal total de 3,4% parcelada (2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026), con énfasis en mayores incrementos para remuneraciones mínimas y bonos a trabajadores de menores ingresos. El costo fiscal estimado alcanza los $1.597.776 millones para 2026 (incluyendo retroactivos) y $1.147.426 millones para 2027.
Organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) respaldaron originalmente la norma de estabilidad. El presidente de Anef, José Pérez, afirmó que “la norma criticada (…) no es un ‘amarre’, evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios, y conversa con el trabajo decente”.
La oposición, sin embargo, ha condicionado su apoyo al retiro o modificación sustancial de disposiciones como esta, argumentando que rigidizan el empleo público sin debate profundo en una reforma al Estatuto Administrativo. El proyecto ya ingresó al Congreso y su discusión avanza en comisiones, donde se anticipa un debate intenso sobre financiamiento y normas laborales misceláneas.
Con esta modificación, el Gobierno busca descomprimir tensiones en la recta final de su mandato y allanar el camino para una tramitación más consensuada en el Parlamento.
